Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
La corrupción en el gobierno de Rio de Janeiro ha vuelto a revolver la política del Estado de arriba a abajo. La policía federal brasileña ha detenido esta mañana al gobernador Luiz Fernando Pezão, en su casa de Palácio Laranjeiras, por, entre otras acusaciones, recibir supuestamente sobornos en “un entramado propio” del caso Petrobras. En concreto, 150.000 reales al mes (39.000 dólares) durante siete años entre 2007 y 2014, además de pagas extra y dos bonus de un millón de reales (200.000 euros). En total, 39 millones de reales (8,87 millones de euros) -si se ajusta el total a la inflación actual- en dinero público.
Estos eran los últimos días de Pezão al frente del Estado de Rio. El político, del Movimiento Democrátrico Brasileño (MDB), había perdido las elecciones del mes pasado frente a Wilson Witzel, un candidato de perfil más parecido a Jair Bolsonaro, el ultraderechista vencedor de las presidenciales. Witzel ha insistido en que la detención de Pezão no afectará al proceso de transición. El vicegobernador Francisco Dornelles simplemente asumirá el gobierno el mes restante y todo seguirá su rumbo hasta que, el 1 de enero, Witzel tome posesión. “El equipo del gobernador electo seguirá trabajando para cambiar y reconstruir Rio de Janeiro”, ha asegurado.
Se mantiene así la triste tradición, inquebrantable desde 1998, de que todos quienes llegan al cargo de gobernador del Estado acaban entre rejas por corrupción tarde o temprano (y generalmente son detendios en el ejercicio). El anterior gobernador, Sérgio Cabral, cumple una pena de 45 años, la mayor condena del actual panorama político brasileño, y aún tiene varios procesos judiciales por desvío de fondos públicos y lavado de dinero. Ha sido uno de sus empleados, un hombre llamado Carlos Emanuel Carvalho Miranda, quien ha delatado hoy a Pezão, quien en su día fue vice de Cabral. Esa confesión ha activado esta nueva operación, llamada Boca de Lobo, dentro de las investigaciones de Lava Jato, por la cual se ha detenido no solo al gobernador, sino a también a otras ocho personas y registrado once viviendas.
Entre las acusaciones a Pezão se detallan las artimañas del gobierno flumiense para aprovecharse de los fondos públicos. O bien pagaban con ellos servicios de empresas que inflaban sus precios y compartían el beneficio, o bien pagaban directamente con ellos servicios privadas. Por ejemplo, la empresa High End, que recibió casi 100 millones de reales (22 millones de euros) por cubrir una autopista de paneles solares, recibió luego 300.000 reales (68.000 euros) para hacer lo mismo en la mansión de Pezão en Piraí. Otras veces, eran las empresas privadas compinchadas en la trama, como el lobista Paulo Fernando de Magalhães Pinto, o la constructora JRO, las que entregaban el dinero directamente a los hombres de Pezão, que luego se lo hacían llegar a él.
