Domingo, 24 de Noviembre del 2024 
Una muy mala noticia para el medio ambiente en la ciudad de Bogotá, ya que la tutela interpuesta por el consorcio Green Bogotá (oferente de buses eléctricos), que participó en la licitación para el remplazo de articulados de las fases I y II de TransMilenio, en la que solicitaba que se declarara violación al debido proceso por parte de la empresa distrital, fue solucionada como improcedente.
La insólita determinación la tomó el juez 62 administrativo de Bogotá, luego de supuestamente evaluar las acciones de TM. El recurso, solicitado el pasado 14 de noviembre por Green Bogotá GB (que no quedó con ningún patio o lote de buses en el proceso licitatorio), solicitaba que se le admitiera el derecho a la réplica al preguntar por qué el patio Américas fue declarado desierto.
“Buscamos que TransMilenio nos diga por qué no éramos viables de ser adjudicatarios del lote de las Américas”, aseguró en su momento Juan Luis Mesa, representante legal de GB. La tutela también aludía a la Procuraduría General de la Nación, y le pedía al juez que le ordenara a esa entidad intervenir “para garantizar que TM dé cumplimiento a medidas cautelares que se impartan en virtud de la presente acción”.
La respuesta ante el juez por parte de TM argumentado su defensa, se sustenta en que “no ha vulnerado el derecho al debido proceso alegado por la parte accionante”, y frente a esto expuso varias resoluciones (como la 675 del 2018, sobre el proceso de adjudicación) y documentos referidos a los procesos de licitación números TMSA- LP- 001-2018 Y TMSA- LP- 001-2018, por lo que “no existe una vulneración real, o siquiera una amenaza, a los derechos fundamentales de los accionantes”, se lee en el documento judicial.
Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación, se pronunció sobre el proceso de adjudicación –y declaración de desierto en lo correspondiente a la troncal Américas– adelantado por TM, que “asistió a la audiencia en calidad de observador, pero que en el desarrollo de la misma ninguna persona presentó algún tipo de queja o documento relacionado con el acto administrativo de adjudicación”.
De esta manera para el Ministerio Público, la tutela resulta improcedente para controvertir los actos administrativos, pues según su pensamiento, existe vía judicial ajustada para impugnarlos o controvertirlos.
En sus consideraciones, el juzgado dice que “la acción de tutela resulta improcedente para controvertir los actos administrativos, comoquiera que en la jurisdicción contenciosa administrativa existe la vía judicial apropiada para impugnarlos”, y por lo anterior resuelve “declarar la improcedencia de la protección constitucional de tutela pedida por Green Bogotá contra TransMilenio S. A.”.
Para culminar, el documento (con fecha del 27 de noviembre del 2018) resuelve: “Si no fuera impugnada la decisión dentro de los 3 días siguientes a su notificación, se enviará a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
Con esta determinación judicial, la capital de la República muestra cada vez más alejada la posibilidad de poder tener una mejor calidad de vida, de cuenta del sistema de transporte, así los bogotanos tendremos que soportar por mucha más tiempo una cantidad de buses contaminantes en donde los intereses de unos pocos se priorizan por encima de la salud de los ciudadanos.
