Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Daniel Ortega ha ordenado este miércoles la expulsión de Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha denunciado graves violaciones de parte del régimen contra quienes desde abril se han manifestado para exigir la renuncia del presidente tras 11 años en el poder. El líder sandinista también ha decretado este miércoles la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), también nombrado por la OEA, que tenía previsto presentar el jueves el resultado de sus investigaciones de los hechos violentos ocurridos desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas.
La CIDH ha documentado minuciosamente las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua a través del denominado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), conformado por un equipo técnico que llegó a Managua en junio y que debería quedarse “mientras la situación lo requiera”, como había advertido el organismo en un comunicado. Esta organización presentó a mediados de año un amplio informe en el que documentaba minuciosamente las violaciones a los derechos humanos y en el que alertaba sobre posibles ejecuciones extrajudiciales tras el uso de francotiradores durante la represión de las manifestaciones.
El Gobierno sandinista argumentó que la CIDH, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) son una “plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”, señaló el canciller Denis Moncada.
En la misma también acusó al Secretario General de la OEA Luis Almagro de participar “en la escalada criminal, injerencista, promoviendo acciones terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicaragüense”. Las intervenciones de Almagro “demuestran que las acciones realizadas por los organismos de la OEA y la ONU responden a la estrategia de asfixiar al pueblo de Nicaragua”, denunció Moncada.
En el informe redactado por la CIDH y que ha irritado al gobierno de Ortega, el organismo afirmó que escuchó “centenares” de testimonios y reunió información documental y audiovisual. Según esos testimonios la represión “estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales”. Desde junio el Meseni ha seguido recabando denuncias de ciudadanos nicaragüenses. Este miércoles publicó un nuevo informe en el que alertaba del “agravamiento de la represión” y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua.
En este último informe la CIDH advierte que la política represiva puesta en marcha por el Gobierno en el país centroamericano ha tenido “cuatro etapas”. La primera de ellas está relacionada con el “uso arbitrario de la fuerza, incluida la fuerza letal, por agentes de la policía y grupos parapoliciales para disuadir las protestas; la negación de atención médica y obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a los heridas durante los actos de violencia; detenciones arbitrarias; violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros”, según el informe.
La segunda etapa de esa represión se desató con la denominada “Operación Limpieza”, cuando fueron “desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales para desmantelar los tranques y barricadas en todo el país lo que aumentaría el número total de muertos registrados desde el comienzo de las protestas”. En todo el país se levantaron más de 200 barricadas, que obstaculizaron el tránsito a 6.000 camiones de carga con mercancías centroamericana, generando pérdidas de más de 70 millones de dólares.
Para los nicaragüenses esas barricadas no solo eran una forma de protestas, sino también de protección. Una de las ciudades más asediadas por los grupos armados por el régimen de Ortega fue Masaya, bastión de la resistencia. Ahí las calles fueron bloqueadas por decenas de barricadas y los vecinos se organizaron para garantizar la seguridad y recolectar alimentos para los jóvenes que cuidaban las trincheras. Los grupos paramilitares asaltaron la ciudad y derribaron las barricadas, dejando a su paso una estela de muerte en el marco de la “Operación Limpieza”.
La CIDH también alertó una tercera fase de la represión, “consistente principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, defensores de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno”. Y la cuarta fase está enfocada, según el organismo, “por el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas”.
El pasado fin de semana, la Policía asaltó la redacción del periódico Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas contra el régimen. La redacción sigue ocupada al día de hoy, cuando Chamorro interpuso una denuncia contra la Policía, acusándola de “crimen organizado”. Dado que Daniel Ortega también controla la Fiscalía, es poco probable que se logre llevar a cabo una investigación seria sobre lo ocurrido contra la redacción del diario.
Activistas de derechos humanos reaccionaron contra la decisión de Ortega de expulsar a los técnicos de la CIDH de Nicaragua. “Es una decisión que representa el desprecio a cualquier expresión de razonamiento humano, es la barbarie contra la civilización, un retroceso a la era cavernaria”, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización a la que Ortega retiró su personalidad jurídica y cuya sede también fue asaltada por la Policía. “Una familia [la de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que también es vicepresidenta] dispuesta a arruinar nuestro país, el poder los atrapó y no se conciben sin él”, agregó el defensor de derechos humanos.
Fuentes de la CIDH dijeron que aunque el Gobierno los expulse continuarán su trabajo de fiscalización d ella situación de Nicaragua desde fuera del país. “El hecho de que el Meseni no esté en el país no significa que al CIDH dejará de monitorear la situación. Se instalará en otro lado”, advirtieron.
