Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Miles de cuerpos sin identificar yacen en las fosas comunes de Colombia, según su Instituto Nacional de Medicina Forense. Durante los diálogos de paz de La Habana con la antigua guerrilla de las FARC, que desembocaron en el acuerdo de paz que acaba de cumplir dos años, el Gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió en 2015 a intensificar la actividad de identificación de los muertos en el conflicto armado. Uno de los compromisos fue la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que aún no está operativa. Las comunidades esperan ahora que con el nuevo Ejecutivo ese trabajo no se vea interrumpido.
La desaparición
El río Caquetá, en el sur de Colombia, está jalonado de pequeñas comunidades rurales. La líder social de una de ellas, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, relata que a mediados de la pasada década “no llegaban las remesas de dinero”. El Gobierno sospechaba que en ese enclave, azotado por la violencia y las torturas de los paramilitares, se proporcionaba, supuestamente, ayuda logística a las FARC. Ante ese bloqueo, esta campesina creó una asociación de comerciantes con el objetivo de poder recibir las remesas. En pleno conflicto armado, asegura que “la respuesta del Ejército fue asesinar al vicepresidente y a un socio de la asociación”. “También al secretario, que lo mataron aquí en el caserío. A mí me detuvieron. Todo eso ocurrió en el 2007”, recuerda.
La Cruz Roja trabajó allí con el apoyo de la Fiscalía y finalmente se pudieron rescatar los cuerpos del vicepresidente y el socio a los ocho días de haber sido secuestrados y asesinados. “Los militares los habían hecho pasar por guerrilleros de las FARC. Nosotros denunciamos que no eran guerrilleros”, rememora la líder comunitaria para explicar que se trató de un caso más de los llamados “falsos positivos”. En busca de resultados en su lucha contra las FARC, algunos batallones del Ejército fueron acusados de detener, encarcelar o asesinar a civiles tras haberlos inculpado como guerrilleros o cómplices.
“Fuimos a desenterrarlos y estaban con la ropa con la que se los habían llevado, pero encima les habían puesto camuflados militares. En las fotos que nos mostró la Fiscalía, salían con equipaje militar y a nosotros nos constaba que eso no era así”, continúa. Como presidenta de la asociación, hizo el acompañamiento junto a Cruz Roja y la Fiscalía hasta identificar los cuerpos exhumados. A partir de ahí, los entregaron a los familiares.
El conflicto armado en Colombia dejó alrededor de seis millones de víctimas, de las cuales, más de 260.000 fueron mortales. Según datos del Instituto de Medicina Legal en Colombia se han reportado 137.000 casos de desaparición, aunque esa cifra no se ciñe a las que se produjeron en medio del conflicto armado o de manera forzada. Para el Centro de Memoria Histórica, fueron casi 83.000 personas desparecidas a manos de paramilitares, guerrilla y hasta la Fuerza Pública. Margot Champeix, delegada del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la región suroriental, explica que “los desaparecidos y el dolor de sus familiares son uno de los grandes retos humanitarios en Colombia”.
Contarlos es todavía más complicado si se tiene en cuenta los casos no denunciados. “Lo que sí sabemos es que hay un subregistro de personas desaparecidas en Colombia porque no todas las familias se atreven a reportar la desaparición de su familiar”, apunta Champeix en alusión al miedo de muchos familiares a sufrir represalias por los grupos armados en medio del conflicto, o incluso ahora, por grupos disidentes de las FARC.
“En ocasiones, los familiares de asesinados levantaban ellos mismos los cuerpos de las cunetas y les daban sepultura. Por eso no hay un registro real de la cifra de muertos que dejó la guerra”, señala Herby Horta, defensor del pueblo de un municipio del Caquetá, un departamento que vivió duros enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla.
Vencer el miedo
Los que finalmente vencieron el miedo y denunciaron la desaparición, acudieron al Estado o a organizaciones humanitarias como el CICR. “Hay personas que quieren información y no confían en la justicia o entidades del Estado. Cuando acuden en busca de ayuda, escuchamos su historia para saber qué tipo de ayuda necesitan y con quién debemos de hablar”, apunta Margot Champeix desde la oficina de Florencia, capital del Caquetá.
Acudir al CICR de Florencia es lo que hizo otra exponente de uno de los contados casos de éxito en materia de desaparición. Esta víctima asegura que a su hijo de 15 años lo secuestraron milicianos de las FARC, en 2010 por tener un hermano mayor en el Ejército. “Él jugaba a fútbol con hijos de milicianos. Una mañana desayunó, se fue y ya nunca más volvió”.
Cruz Roja ofrece la neutralidad que los cuerpos del Estado no pueden garantizar y eso les ha permitido hablar con todos los actores del conflicto. A través de sus delegados, establecen diálogos con exguerrilleros de las FARC para recabar información cuando la desaparición está vinculada a la guerrilla, al igual que lo hacen con miembros de otros grupos armados aún activos, o incluso con la Fuerza Pública.
“El CICR nunca da información al Estado, Fiscalía ni a nadie para empezar un caso penal. Eso nos permite obtener valiosa información de un actor armado, como por ejemplo el lugar donde se enterró a la víctima”, explica Champeix.
En los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), antes llamados zonas veredales, se agrupan los excombatientes que se acogieron al proceso de paz y dejaron sus armas. En el ETCR Héctor Ramírez del Caquetá, como en otros espacios en el país, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para asistir a los familiares de las víctimas de las FARC y a los allegados de los desaparecidos durante el conflicto.
“Muchos jóvenes que ingresaron a la guerrilla murieron en la confrontación armada, se los llevó el Ejército y no se sabe dónde están. Otros, desertaron de la organización y no se han reportado ante sus familias”, afirma Esteban Páez, exguerrillero de las FARC y miembro de la unidad de búsqueda del ETCR Héctor Ramírez.
Gracias a esa interlocución entre Cruz Roja y las FARC, pudieron ubicarse en 2016, antes incluso de la firma del Acuerdo, los restos mortales de ese joven secuestrado y asesinado por la antigua guerrilla en 2011, cuando trataba de escapar de la organización tras el reclutamiento forzado.
Pero dar con el paradero de una persona desaparecida, aunque sólo sea el hallazgo del cadáver, representa un porcentaje de éxito muy bajo dentro del total de casos sin resolver. Gonzalo Melo, víctima de desplazamiento y campesino que vive a orillas del río Caquetá, sospecha que su hija fue reclutada por las FARC en 2001. Tenía 14 años y dejó atrás un bebé de 5 meses. Gonzalo y su esposa tuvieron que hacer de abuelos y padres a la vez. “Se fue a trabajar a Curillo. En esos días permanecía el frente 49 de las FARC tras la toma que habían hecho del pueblo. Dice la gente y los amigos que la muchacha se fue con ellos”.
El consuelo
Tras la firma del acuerdo de paz en La Habana, en noviembre de 2016, el Gobierno ya se había comprometido a identificar restos humanos en todos los cementerios de Colombia.
Se estima que quedan miles cuerpos repartidos por las fosas comunes de los cementerios y depósitos del país. “Uno de esos cementerios a intervenir fue el de acá de Florencia”, explica Lina María Ramos, directora regional sur del Instituto Nacional de Medicina Forense. “Tenemos unos 660 cuerpos que pueden ser recuperados. De esos, la Fiscalía nos ha entregado 133 [hasta julio de 2018] y hemos identificado cinco”.
Las exhumaciones en el cementerio de Florencia empezaron en octubre de 2017. “El proceso es lento porque cuando inhumaron los cuerpos en fosas comunes no los individualizaron en cajas o bolsas y los restos se mezclaron”, apunta Ramos.
Pero el objetivo de Medicina Legal no sólo es la identificación para la entrega a sus familiares, sino también esclarecer las causas de la muerte.
El complejo proceso de exhumación e identificación en este camposanto, se lleva a cabo en coordinación con la diócesis de Florencia, que administra el cementerio. Omar de Jesús Mejía, obispo de la diócesis, valora muchísimo “que cuando se identifica los restos mortales de alguien, ese alguien deja de ser un número para volver a ser persona. Aunque esté fallecido, vuelve a tomar esa identidad. Y eso trae una inmensa alegría a la familia”.
“Significa paz. Mucha paz. Tanto para mí como para él. Porque es muy satisfactorio saber que él está ahí. Así sean los huesitos”, expresa esa madre víctima del secuestro de las FARC desde la tumba de su hijo en el cementerio de Florencia. La tumba que durante seis largos años el conflicto armado le escondió. Ahí, al margen de un río en la selva colombiana donde el CICR recuperó los restos.
Un consuelo, el suyo, que muchos familiares empiezan ahora a contemplar con el acuerdo de paz y tras haber dado, por fin, el paso de denunciar la desaparición.
