Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El chavismo trata de quitarle oxígeno a Juan Guaidó. La Contraloría de Venezuela, el órgano —bajo control del Gobierno— que se encarga de fiscalizar la Administración pública, ordenó este lunes la apertura de una auditoría patrimonial contra el político que hace tres semanas desafió a Nicolás Maduro al jurar como presidente interino. Con este procedimiento, el oficialismo persigue una inhabilitación de hasta 15 años del también líder de la Asamblea Nacional, que el pasado 23 de enero activó un plan de transición nacional que pretende culminar con la convocatoria de elecciones libres en un plazo de 12 meses.
El procedimiento —anunciado en vísperas de las nuevas movilizaciones previstas para este martes para que las autoridades permitan la entrada de ayuda humanitaria— señala a Guaidó por haber recibido supuestamente ingresos de forma irregular desde el extranjero. El interventor y antiguo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elvis Amoroso, afirmó en una comparecencia que el opositor “presuntamente ocultó o falseó datos contenidos en la declaración jurada de su patrimonio y recibió dinero proveniente de instancias internacional y nacionales sin ningún tipo de justificación”.
El funcionario argumentó que la Constitución establece “que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional son de dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo, público o privado”. No obstante, los miembros del Parlamento, declarado en desacato por el Ejecutivo de Maduro, no perciben su salario desde 2016. Dada la anomalía institucional de Venezuela, conviven en el mismo edificio dos Cámaras paralelas: la Asamblea Nacional —de mayoría opositora, elegida en diciembre de 2015 y despojada de facto de sus funciones por el chavismo— y la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano al servicio del Gobierno en el que no se sientan representantes críticos con el oficialismo.
El pasado 30 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió a Guaidó salir de Venezuela, realizar operaciones comerciales y bloqueó sus cuentas bancarias. Esas medidas cautelares fueron la consecuencia de la apertura de una investigación preliminar a la que el presidente interino, reconocido por gran parte de la comunidad internacional, restó importancia por no reconocer la autoridad de Maduro. No obstante, el aparato chavista busca reducir su margen de acción, asfixiarlo como ha ocurrido en otras ocasiones con los líderes de la oposición, privados de libertad o inhabilitados.
El dirigente de Voluntad Popular aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la Contraloría. El foco de su estrategia está puesto desde hace días en la llegada de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia. Los primeros cargamentos de medicamentos y suplementos nutricionales enviados por la agencia de cooperación estadounidense, Usaid, ya se encuentran en Cúcuta. Mientras el Gobierno rechaza de forma tajante su entrada, al considerarla una intervención indirecta de la Administración de Donald Trump, Guaidó trata de incrementar la presión sobre los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que en última instancia deberán decidir si permitir su ingreso o no.
Con ese objetivo, convocó nuevas marchas para este martes, coincidiendo con el día de la juventud. “Nos movilizaremos en todo el país”, anunció. “Es miserable que se quiera chantajear con las necesidades del pueblo. Atenderemos la emergencia y con el cese de la usurpación llevaremos estas iniciativas a todo el país”, continuó a través de las redes sociales en referencia a la creación de redes de voluntarios para coordinar la llegada de la ayuda. Ya cuentan con alrededor de 100.000 personas en sus filas.
