Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, planea apelar contra una indemnización de US$8.750 millones otorgada a ConocoPhillips por el tribunal de arbitraje del Banco Mundial la semana pasada, argumentando que dicha cantidad estaba sobrevalorada.
José Ignacio Hernández, recientemente nombrado procurador especial del creciente gobierno paralelo de Guaidó, dijo que hay “graves errores de cálculo” en la indemnización, derivada de la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que apoyó la afirmación de Conoco de que Venezuela expropió ilegalmente en 2007 sus proyectos de crudo pesado Hamaca y Petrozuata en la cuenca del río Orinoco.
La apelación sería un paso más en los esfuerzos de Guaidó, reconocido por unas cincuenta naciones, entre ellas EE.UU., como legítimo presidente de Venezuela, por controlar las finanzas del país, lo que suprimiría al régimen del presidente Nicolás Maduro. Guaidó ha nominado juntas interinas de la estatal Petróleos de Venezuela SA y su filial estadounidense Citgo Petroleum en un intento por controlar la industria petrolera de la nación, fuente de la mayoría de los ingresos de Venezuela.
Ambas partes tienen 120 días desde la fecha del fallo para apelar la decisión, dijo Hernández.
“Es demasiado pronto para especular sobre cuándo podríamos recuperarnos de Venezuela”, dijo por correo electrónico Daren Beaudo, un portavoz de Conoco. “La compañía buscará todas las vías legales para obtener la recuperación completa de la indemnización”. El CIADI declinó hacer comentarios.
La indemnización llega en un momento en que EE.UU. pretende aumentar la presión sobre la administración de Maduro, tras sancionar a Pdvsa y reconocer a Guaidó como líder interino de la nación. La economía de Venezuela ha estado en crisis debido a la caída de la producción de petróleo, una hiperinflación en descontrol y la inestabilidad de los servicios públicos.
Además, la Cámara de Comercio Internacional adjudicó a Conoco US$2.000 millones el año pasado por la incautación de sus activos. Tras dicha decisión, la compañía se empeñó enérgicamente en tomar posesión de las instalaciones de PDVSA en las islas caribeñas de Bonaire, Curazao, San Eustaquio y Aruba. Los buques que transportaban crudo venezolano recibieron la orden de retirarse de los puertos del Caribe, lo que generó una aglomeración de barcos y dificultó las exportaciones petroleras de la nación.
El expresidente Hugo Chávez ordenó la expropiación entre 2007 y 2009 de aproximadamente US$30.000 millones en participaciones mayoritarias en varios proyectos energéticos, incluidas cuatro operaciones de petróleo en la cuenca del río Orinoco. El gobierno dijo en ese momento que los proyectos jugaban un papel estratégico en el desarrollo y la soberanía del país.
