La policía política de Venezuela detuvo este jueves de madrugada a Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino Juan Guaidó, y registró la casa del jefe del grupo parlamentario del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, otro de los hombres más cercanos. Más de 15 uniformados encapuchados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) entraron a las 2.24 de la madrugada, hora local (7.24, hora peninsular española), derribaron la puerta y registraron los domicilios de Marrero y Vergara, que son vecinos.
“Lamentablemente llegaron hasta mí, pero sigue la lucha. Cuiden al presidente y que sea lo que Dios quiera”, alcanzó a decir Marrero en un audio en el que se oyen golpes de fondo, antes de llevárselo esposado. “En estos momentos los mantienen secuestrados”, escribió Guaidó en Twitter, al denunciar la presencia del SEBIN en casa de sus colaboradores. Según Guaidó, a Marrero la policía le puso en casa dos fusiles y una granada para decir que eran suyos y detenerlo.
Vergara, que no fue detenido, ha contado más tarde, a través de una declaración desde su domicilio, cómo fue el registro: “Rompieron la puerta de mi casa, cuando entraron los dos primeros funcionarios, que me apuntaron con unas pistolas, les dije que yo soy diputado de la Asamblea Nacional y tengo inmunidad parlamentaria. Me tiraron al piso, y allí me mantuvieron con la cabeza hacia abajo mientras revisaban la casa y violentaban un armario. Les pedí una y otra vez que entendieran que el proceso que estamos llevando es un proceso pacífico que busca liberar a toda Venezuela”. En la detención se emplearon diez vehículos y agentes uniformados con armas largas.
“Después de que salieron de mi casa comenzaron a golpear la puerta de la vivienda de Roberto Marrero, que está a unos cuantos metros de mi vivienda, hasta que lograron entrar. Cuando se llevaban a Roberto, él me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada, ellos lo mandaron callarse. Le dije que tuviera mucha fuerza”, añadió Vergara.
Marrero y Vergara son dos de los hombres clave de Guaidó en su relación con el resto de partidos y los dos diputados más cercanos al presidente interino. Ambos militan en Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, y acompañaron a Guaidó durante su reciente gira internacional a finales de febrero. Guaidó había salido del país y regresó a Caracas a principios de marzo por el aeropuerto de Caracas en un claro desafío al régimen de Maduro. A mediados de este mes, el Ministerio Público inició un segundo proceso contra Guaidó por su supuesta vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un apagón nacional que se extendió por cuatro días.
Las reacciones de la comunidad internacional a la detención de Marrero no se hicieron esperar. El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, condenó la escalada represiva en lo que calificó como “redadas” del servicio de inteligencia (Sebin) que responden a órdenes de Nicolás Maduro. “Estados Unidos condena las redadas realizadas por los servicios de seguridad de Maduro (…) Pedimos su liberación inmediata. Haremos responsables a los involucrados”, señaló Pompeo vía Twitter.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams exigió la libertad inmediata de Marrero y señaló que habrá consecuencias directas para los responsables de su detención. Para el senador republicano Marco Rubio, la detención de Marrero supone una escalada de la represión y “podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar al propio Guaidó”, escribió en Twitter.
En nombre del Gobierno de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo rechazó la detención del colaborador de Guaidó e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para exigir respeto a la libertad, a la vida y la integridad de los opositores.
Desde el exilio, Luisa Ortega Díaz, exfiscal de la República, aseguró que el secuestro a Roberto Marrero es la respuesta del régimen de Nicolás Maduro al informe de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
La detención del colaborador de Guaidó llegó solo unas horas después de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de Estados Americanos hicieran una dura denuncia sobre las detenciones ilegales y torturas como método de represión contra opositores y disidentes empleados por el gobierno de Maduro. Michel Bachelet señaló desde Ginebra que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por los “colectivos armados” y grupos paramilitares afines al Gobierno, han reprimido a la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas documentadas por su oficina. Paralelamente, la expresidenta de Chile citó denuncias que acusan a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) de ejecutar a 37 personas en enero en Caracas, en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.