Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Los enfrentamientos entre las autoridades colombianas y los llamados grupos armados organizados han sido una constante del pasado reciente del país sudamericano. El presidente, Iván Duque, ha hecho un esfuerzo por multiplicar la presencia del Estado en las regiones rurales —este lunes el Gobierno anunció que visitó el 81% del territorio desde el inicio del mandato, el pasado agosto—. Sin embargo, algunas de estas zonas continúan bajo el control de bandas criminales, en esencia paramilitares dedicados al narcotráfico, disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Naciones Unidas denunció el fin de semana que casi 600 personas de cuatro comunidades indígenas y campesinas fueron víctimas de desplazamientos en el departamento de Córdoba (norte de Colombia), por un choque entre las fuerzas militares y un grupo armado no identificado. Huyeron hacia el centro de la comunidad de Simbra, que pertenece al resguardo indígena Embera Katío de la provincia del Alto Sinú. Al menos 27 familias, según informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) “sufrieron la mayor afectación por su cercanía al lugar donde se registraron los combates”. “Las 116 familias restantes también se desplazaron a este lugar por temor a las hostilidades registradas en la zona y por solidaridad con la población desplazada de la vereda [aldea] con mayor afectación”.
Los desplazamientos en las comunidades rurales generan habitualmente un gran impacto por la falta de recursos. En este caso, la ONU ha detectado “carencia de espacios para alojar al total de familias desplazadas”. Además, señala que “en el marco de las operaciones militares en la zona, una escuela de la vereda Chocó resultó averiada por los fuertes vientos causados por el paso de un helicóptero de las fuerzas militares”.”También hay denuncias sobre amenazas y posibles violaciones a los derechos humanos”, sigue el informe de OCHA.
Entre las necesidades urgentes de esas comunidades destacan la asistencia ante posibles casos de desnutrición infantil, saneamiento y agua potable, ya que los habitantes “obtienen el agua de un pozo estancado donde también se encuentran animales”. Mientras comienzan a improvisarse viviendas con palos y plásticos, varios organismos públicos tratan de abordar la emergencia. Hasta la zona viajaron funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de las autoridades municipales. De momento, se han destinado 15 millones de pesos (menos de 5.000 dólares) para alimentar a las familias desplazadas.
