Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Al menos 29 presos han muerto y 19 oficiales de policía han resultado heridos este viernes en un motín carcelario en el centro occidente de Venezuela. El alzamiento comenzó de madrugada en la sede del Comando Policial de Acarigua, en el Estado de Portuguesa, a unos 600 kilómetros de Caracas, y se prolongó durante horas. Los reos fueron enfrentados por la policía del municipio Páez y por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo conocido por la rudeza de sus procedimientos.
En el Comando Policial de Acarigua conviven, hacinados, presos de alta peligrosidad con detenidos que han cometido delitos menores a la espera de sentencia judicial. Las primeras informaciones indican que en aquel lugar se vivía un ambiente de enorme tensión desde la celebración del Día de la Madre, hace un par de semanas, después de que las autoridades negaran a los reclusos una ampliación de las visitas familiares, íntimas y personales durante todo el fin de semana.
La tensión entre carceleros y reos se fue acumulando hasta que, en un intercambio de palabras, fue asesinado uno de los líderes de la prisión. Se produjo luego un fuerte cruce de disparos con reclusos que estaban armados con granadas.
La crisis carcelaria y la descomposición judicial han sido el alimento perfecto para el desborde delictivo, una dolencia social que ha cobrado especial gravedad en la era de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Al menos tres motines importantes y masivos de presos —con un doloroso saldo de víctimas— se han producido en Venezuela entre 2017 y 2019. En el Estado de Amazonas hasta 39 personas murieron en un duro intercambio con la Guardia Nacional, en 2017, y 69 personas murieron en otra protesta por las condiciones de reclusión en la sede de Policía Estatal de Carabobo, otro calabozo que no puede ser catalogado como cárcel al uso.
Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, ha responsabilizado directamente a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, por “haber convertido los calabozos y retenes policiales en cárceles”. “¿Hasta cuándo van a seguir muriendo los presos en Venezuela por parte de quienes tienen responsabilidades de estado?”, se ha preguntado. Varela es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y una de sus portavoces más beligerantes. Bajo su gestión, algunas prisiones venezolanas han sido retomadas para el control estatal de la tutela que sobre ellas mantenían los propios presos, y se impartió entre ellos una dura disciplina militar, con orden cerrado, uniformes y trabajo ideológico.
Durante el transcurso del Gobierno de Chávez, la crisis carcelaria se fue agravando a gran velocidad, hasta el punto de que muchas de ellas acabaron controladas por los propios reos, fuertemente armados. Varela recibió acusaciones por mantener una relación ambigua y complaciente con el hampa y la supuesta amistad con algunos de los gánsteres más conocidos del mundo penitenciario venezolano –“pranes” se les llama en la jerga local— y de usarlos para constituir con ellos la última línea defensiva de la revolución bolivariana.
