Viernes, 18 de Abril del 2025 
La Fiscalía General de la República ha ordenado este martes el arresto del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y ha logrado la captura del empresario Alonso Ancira, según han confirmado fuentes de la judicatura. Ancira ha sido detenido en el aeropuerto de Palma de Mallorca, al aterrizar en un vuelo privado hace dos horas, a las 21.00 (hora local), informa Lucía Bohórquez. Las órdenes llegan un día después de que se congelaran de forma cautelar las cuentas de Lozoya, hombre de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, y de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa propiedad de Ancira. La mayor siderúrgica del país estaría detrás de los sobornos millonarios pagados por Odebrecht a políticos mexicanos como el exdirector de Pemex. Estas medidas suponen los primeros intentos serios por parte de las autoridades del país para investigar la pata mexicana del mayor entramado de corrupción de la historia de Latinoamérica.
La pieza clave del triángulo formado por AHMSA, Odebrecht y Pemex fue la compra por parte de la petrolera estatal en 2014 de una empresa de fertilizantes propiedad de la siderúrgica. El costo de la adquisición, cerca de 500 millones de dólares, fue criticada por los especialistas al tratarse de una planta que llevaba 14 años sin operar y cuyos equipos tenían una antigüedad de 30 años. “Fue vendida a un sobreprecio que está catalogado como un tema de corrupción”, ha asegurado este martes Santiago Nieto. Un mes después de esta adquisición, AHMSA hizo una transferencia de casi cuatro millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una empresa offshore con sede en la ciudad escocesa de Edinburgo y que servía de instrumento para canalizar los sobornos de Odebrecht a la élite política latinoamericana, según confesaron tres altos ejecutivos de la constructora ante la Justicia en Brasil.
Parte de estos sobornos millonarios fueron a parar a una segunda empresa pantalla y, de allí, a las cuentas de Emilio Lozoya, director de la petrolera estatal durante los primeros cuatro años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, según las confesiones de varios directivos de Odebrecht que el investigador Ignacio Rodríguez reveló en un reportaje publicado en Quinto Elemento Lab en abril de 2018. En total, la constructora habría distribuido 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios mexicanos.
Santiago Nieto ha confirmado este martes que la congelación de cuentas de Altos Hornos está relacionada con los supuestos pagos a Lozoya, cuyas cuentas también han sido bloqueadas. “Detectamos operaciones con recursos de procedencia posiblemente ilícita vinculados con actos de corrupción. Particularmente, transferencias de recursos financieros que AHMSA depositó en una empresa fantasma de Odebrecht y a partir de allí este dinero llegó hasta las cuentas del señor Lozoya”, ha dicho en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
Lozoya, quien todavía no ha sido condenado por sus supuestos vínculos con la trama, fue inhabilitado la semana pasada para ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años por ocultar información en su declaración patrimonial, según hizo saber la Secretaría de la Función Pública en un comunicado. El ex alto cargo, que anteriormente había ocupado un puesto en el Consejo de Administración de OHL México, fue considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, para quien entró a trabajar como coordinador de asuntos internacionales de su campaña electoral. En diciembre de 2017, el exdirector en México de Odebrecht Luis Alberto de Meneses reconoció haber sobornado a Lozoya con cuatro millones de dólares durante la campaña.
Tanto Emilio Lozoya como AHMSA han rechazado las acusaciones de corrupción. El primero comunicó la semana pasada, a través de su abogado, su intención de impugnar la decisión de la Secretaría de inhabilitarlo. Mientras, la empresa siderúrgica tachó la medida de “acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho” en un comunicado hecho público el lunes. Frente a estas aseveraciones, Nieto ha citado la Ley de prevención de lavado de dinero que faculta a la unidad que él encabeza para emprender este tipo de acciones “cuando se detecta una operación con recursos de procedencia ilícita”.
Estas medidas suponen una escalada en la investigación de la pata mexicana del caso Odebrecht, que hasta ahora había dado pocos resultados visibles. En diciembre de 2017, todavía con Peña Nieto en el poder, la Secretaría de la Función Pública impuso una inhabilitación de cuatro años a la filial mexicana de la constructora brasileña por cobros indebidos. A este castigo le siguió una retahíla de inhabilitaciones; tres contra la constructora, dos contra representantes legales y otras dos contra funcionarios de Pemex.
Tras un sexenio lastrado por los escándalos de corrupción, el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho de su combate una de las principales banderas. Más allá del caso Odebrecht, las autoridades han impuesto desde diciembre pasado casi 400 inhabilitaciones y 112 sanciones económicas por un importe superior a los 656 millones de pesos, unos 34 millones de dólares. Una muestra de los nuevos tiempos que, según advirtió la Secretaría de la Función Pública la semana pasada en un comunicado, “son solo el inicio de un conjunto de investigaciones”.
