En la audiencia del pasado 20 de mayo, la defensa de Santrich recusó a la jueza afirmando que incurrió en un prejuzgamiento pues, según los abogados del exjefe de las Farc, cuando la funcionaria declaró legal su captura dio a entender que también se había demostrado “la necesidad, idoneidad y proporcionalidad” de la medida de aseguramiento, sin que esa detención preventiva hubiera sido aún pedida por la Fiscalía, ya que primero debía hacer la imputación de cargos.

Ese día, la Fiscalía no le pudo imputar cargos por narcotráfico a Santrich -supuestamente cometidos después de la firma del acuerdo de paz, en diciembre de 2016-, ya que la diligencia tuvo que ser suspendida mientras se resolvía la recusación contra la jueza.

Al evaluar la recusación, el juzgado octavo penal aseguró que es “infundada”, por lo que determinó que la jueza que lleva el caso puede seguir teniendo el conocimiento del proceso contra Santrich.

Por ahora, la imputación seguirá congelada ya que la defensa de Santrich también elevó una colisión de competencias afirmando que Santrich es aforado, pues la justicia le ha mantenido en diferentes decisiones su investidura como congresista, por lo que a su juicio debería ser investigado y juzgado en la Corte Suprema de Justicia y no por la jueza que tenía el proceso.

El alto tribunal aún no ha tomado una decisión frente a ese recurso, y el caso lo tiene en estudio el magistrado Eugenio Fernández Carlier.