Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Por segunda vez en un mismo día, el presidente colombiano, Iván Duque, ha tenido que acatar una decisión de la justicia y al mismo tiempo mostrar su disconformidad. La Corte Constitucional cerró la tarde de este miércoles el debate sobre la reforma de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impulsada hace dos meses por el mandatario. El fallo implica que el jefe de Estado deberá ratificar la ley estatutaria del tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, enterrando así los seis cambios u objeciones que había planteado. A esto se suma la liberación del ex jefe de las FARC Jesús Santrich que ha ordenado la Corte Suprema.
En la práctica, la Corte establece que las votaciones realizadas en el Congreso ya rechazaron los reparos del presidente, aunque este quiso dar la última palabra al Constitucional. La Cámara de Representantes tumbó esa revisión por 110 votos frente a 44. El Senado lo hizo sin mayoría absoluta, con 47. La resolución del tribunal, en cualquier caso, supone una impugnación al criterio de Duque sobre la columna vertebral de los acuerdos de paz alcanzados en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.
“Presenté esas objeciones y le dije al país que acataría la decisión que tomara el Congreso de la República”, manifestó el mandatario tras conocer el fallo. “El Congreso tuvo el debate y fueron no aceptadas en la Cámara y aceptadas en el Senado según la interpretación numérica, pero al quedar la duda también dije que me sometería al veredicto de la Corte Constitucional. Hoy lo puedo decir con la frente en alto: la decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida”.
La presentación de esa reforma —alentada especialmente por el sector más duro del Centro Democrático, el partido fundado por Álvaro Uribe— contentó al expresidente y al ex fiscal general Néstor Humberto Martínez, pero contribuyó a reavivar la división política en torno al proceso de paz. Y ha acabado por tener un efecto bumerán. Duque pretendía cambiar solo seis artículos y ya al principio de su mandato, el pasado mes de agosto, anunció que propondría algunas modificaciones a esa norma, que ya había sido examinada por el Constitucional. Sin embargo, según el análisis más extendido entre los antiguos negociadores de la paz, esa revisión tenía una carga de profundidad, porque afectaba a la esencia de los acuerdos al poner en duda el funcionamiento de la justicia para la paz. Un sistema que su presidenta, Patricia Linares, califica de “tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa”. En definitiva, un engranaje fundamental para una transición después de más de medio siglo de violencia, 250.000 muertos y ocho millones de víctimas.
Se trataba de tocar los apartados de reparación a las víctimas; la capacidad de verificación del alto comisionado para la paz sobre quienes ingresaran en el sistema de justicia transicional; la relación con la justicia ordinaria; los delitos de lesa humanidad; las condiciones de ofrecimiento de la verdad; y la extradición. Este último punto resultaba especialmente polémico por su repercusión en los equilibrios, cada día más delicados, del partido nacido de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se sienta en el Congreso con cinco representantes y cinco senadores.
Hoy mismo la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación del ex jefe guerrillero Jesús Santrich, detenido y reclamado en extradición por Estados Unidos por un delito de narcotráfico. El alto tribunal determinó que debe ser juzgado como aforado ya que sobre el papel es representante a la Cámara aunque nunca tomó posesión. Duque manifestó su respeto a “la institucionalidad y la independencia de poderes”, pero quiso dejar claro que “el narcotráfico es un delito que le ha hecho un daño enorme a esta sociedad”. Y cargó sin matices contra el excombatiente: “No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. Alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína”. Aunque los casos son distintos, estas dos decisiones reflejan la difícil convivencia entre la aplicación de los acuerdos de paz —y todas sus derivadas— y el proyecto político del Gobierno.
