Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Guatemala encara una nueva etapa con los desafíos de combatir la corrupción y la migración. Unos retos que marcarán el próximo gobierno, cuyo presidente se decidirá entre Sandra Torres, que se perfila como ganadora de la primera vuelta electoral de este domingo, y Alejandro Giammattei. Con el 80% de las mesas escrutadas, Torres obtenía el 24,3% de los votos y Giammattei, el 14,46%. La segunda vuelta se celebrará el próximo 11 de agosto. Ni la convulsa campaña ni el bagaje de los dos aspirantes, curtidos durante décadas en la arena política del país centroamericano, auguran un futuro reformista para la joven democracia guatemalteca, existente desde 1985.
La sensación que deja la primera vuelta de las elecciones este domingo es que el próximo gobierno, independientemente del ganador, será continuista, es decir, que no enfrentará a los poderes dominantes. La revolución ciudadana de 2015 insufló a la democracia guatemalteca un aire de renovación. Las manifestaciones pacíficas en una de las regiones más convulsas del mundo propiciaron el encarcelamiento de un presidente, Otto Pérez Molina y la llegada al poder de un humorista, Jimmy Morales. El nuevo mandatario ondeaba la bandera de la antipolítica, cada vez más global. Prometió que cumpliría con los reclamos de la mayor parte de la población. Cuatro años después, aquel sueño se evaporó y el horizonte no parece nada halagüeño.
Eliminada de la contienda la exfiscal Thelma Aldana, por irregularidades que ella ha rechazado, ninguno de los candidatos con posibilidades de victoria ha dado visos de querer abanderar un proyecto reformista. Ni Sandra Torres ni Alejandro Giammattei, ambos de 63 años, se han enfocado en prometer abordar los dos principales retos de Guatemala: el combate a la corrupción y la migración. Ninguno habla, ni remotamente, del retorno de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se proyectaba como la gran esperanza de Guatemala para el establecimiento de un auténtico Estado de derecho.
A finales de agosto del año pasado, el actual mandatario, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, dependiente de la ONU y que se había convertido en un referente y envidia no solo para Centroamérica; también en México, el propio López Obrador, antes de lograr la presidencia, insinuó la posibilidad de crear un organismo similar.
Morales tomó la decisión acorralado por los señalamientos de corrupción y con un proceso de desafuero en su contra promovido por la Fiscalía y la CiCIG, que lo acusaban de financiamiento electoral ilícito cuando ejercía como secretario general del partido que lo llevó al poder. La no renovación del mandato implicaba, en la práctica, la expulsión de la misión, liderada por el colombiano Iván Velásquez.
Ni Torres, ni Giammattei parecen tener, aparte de declaraciones líricas, un plan para crear las condiciones que impidan la migración masiva. El pulso que Trump ha echado a México y a Centroamérica para que frenen la llegada de migrantes a Estados Unidos, destino final de la mayoría, supone un reto mayúsculo. Hasta ahora, ninguno de los tres países de la región afectados -El Salvador y Honduras, además de Nicaragua- ha hecho nada por frenar la salida de sus ciudadanos. México ha decidido reforzar la frontera sur, que limita con Guatemala, con el envío de 6.000 militares, mientras que el Gobierno de Jimmy Morales ha aceptado a tener presencia de tropas estadounidenses en su territorio.
En su plan de gobierno, Torres, que se confiesa socialdemócrata, anuncia que se enfocará en cuatro ejes: la reactivación económica, que permita generar empleo; trabajar para garantizar la seguridad y la justicia, a fin de crear las condiciones para atraer la inversión extranjera –en este empeño, ofrece sacar al Ejército a las calles, extremo que riñe con la legalidad, para el combate de las extorsiones–; protección social, activando programas asistencialistas; y extremar los esfuerzos para garantizar la transparencia de su gestión.argo de su campaña, Giammattei, un médico conservador muy próximo al statu quo, señala que Guatemala precisa de un plan integral de desarrollo y un plan de país que necesitaría ser implementado a lo largo de 15 años (cuatro gobiernos consecutivos). Giammattei, que aspira por cuarta vez a la presidencia, pretende cambiar el modelo económico para hacer de Guatemala un país exportador que permita atraer capital extranjero. En su lucha por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana anuncia la profesionalización y dignificación de la policía, cuyos agentes, a la fecha, son reclutados en la marginalidad más absoluta.
