Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Durante el evento de conmemoración de los 27 años de la Fiscalía General de la Nación, el presidente Iván Duque habló sobre la polémica que se ha desatado en los últimos días a raíz de la publicación en EL TIEMPO de un informe en el que expertos le recomiendan al Gobierno no insistir en la cadena perpetua para violadores de niños por razones jurídicas, económicas y humanitarias. Duque dijo que la controversia es bienvenida, pero dijo que avanzarán en los proyectos para la aplicación de la cadena perpetua para agresores y asesinos de menores de edad.
El presidente agregó que si bien entiende los argumentos jurídicos alrededor del tema, es necesario proteger los derechos de los niños, que priman sobre cualquier otro derecho, y dijo que cada vez más, según cifras de Medicinal Legal, los menores son víctimas de abuso en sus entornos más cercanos.
“Ya le llegó el momento a Colombia para hacer una reflexión profunda sobre la necesidad, al amparo del artículo 44 de la Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país”, puntualizó el Presidente.
Duque señaló que le duelen “los delitos y las agresiones a nuestros niños”, y recalcó que “no puede ser que en nuestro país, según los reportes que muestran distintas instituciones, incluida Medicina Legal, aparezca que los niños están cada vez más expuestos a violaciones o abusos en sus propios entornos familiares”.
También, que “no puede ser que haya procesos que se demoren tanto para sancionar ejemplarmente a quienes han cometido estos delitos”.
El informe sobre cadena perpetua fue elaborado por la Comisión Asesora en Política Criminal del Estado, a petición del Ministerio de Justicia, y en él un panel de 10 expertos exponen diversos motivos por los que la prisión perpetua es inconveniente.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha dicho que no conoce el informe pero que lo analizarán, aunque aclaró que el documento no es obligante para el Estado.
Precisamente este martes se conoció la renuncia del presidente de la comisión que elaboró el informe, Ricardo Posada Maya, quien dijo que por motivos “personales y éticos” presentaba su renuncia a la Comisión Asesora de Política Criminal del Estado.
En el informe que reabrió el debate, los comisionados le señalan al Ejecutivo que la prisión perpetua es innecesaria, cruel, inhumana e inocua, puesto que no hay evidencias de que esta pena lleve a una reducción de los delitos contra menores.
En sus conclusiones, el grupo de académicos y abogados también expusieron que la cadena perpetua resultaría siendo una carga fiscal muy alta para el Estado y que ese dinero podría invertirse mejor, en mejorar las condiciones de las víctimas y su entorno. Por ejemplo, los comisionados dicen que tener a una persona en una cárcel cuesta cada año casi 18 millones y medio de pesos, y ese dinero, dice el informe, se podría usar para “costear el estudio anual de aproximadamente 9 niños de primaria”.
Según un estimativo de la Comisión, solo por los más de 1.560 condenados por delitos de actos sexuales abusivos que hoy existen en Colombia, el Estado paga más de 29.000 millones de pesos cada año. Esa cifra superaría el billón de pesos si se tienen en cuenta los 35 años que en promedio vivirían los condenados a una cadena perpetua, ya que hoy tienen en promedio 39 años y una esperanza de vida de 74 años.
