Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reclamó este viernes a la comunidad internacional “más sanciones y amenazas creíbles” contra el régimen de Nicolás Maduro, instalado aún en el poder de Venezuela seis meses después de que 50 países hayan dejado de reconocerlo como presidente. En una rueda de prensa en Washington, junto con el enviado especial de EE UU para esta crisis, Elliott Abrams, Almagro solo especificó que por “amenaza creíble” se refiere a más medidas de presión económica y política, esta última, a través de “acciones muy variadas”.
Desde que el pasado enero, Estados Unidos, Canadá, varias potencias latinoamericanas y europeas reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino encargado de convocar elecciones, Washington ha redoblado las sanciones y el Gobierno chavista ha sufrido unas cuantas deserciones -algunas de ellas, notables, como la del exjefe del servicio de inteligencia, Cristopher Figuera- pero mantiene el control del Ejército y el poder efectivo sobre el país. Abrams insistió ante los medios en que “ninguna dictadura dura para siempre” y se comprometió a seguir con la presión, aunque no hubo preguntas sobre una posible intervención militar, algo que se repetía constantemente en cada encuentro con la prensa en los últimos meses. Chavismo y oposición comenzaron el pasado mayor un intento de diálogo con la mediación de Noruega y esta semana hubo una tercera ronda en Barbados.
El exjefe de seguridad de la alcaldía de Caracas Iván Simonovis, liberado el mayo de su arresto domiciliario y refugiado en EE UU, también reclamó “amenazas creíbles” contra Maduro. La chavista es, a su juicio, “una de las peores dictadura de los últimos 100 años en Latinoamérica” y el informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela “se ha quedado corto”. Las conclusiones de este trabajo, demoledoras, denuncian los abusos policiales y el deterioro democrático en el país, cifrando en 5.287 la cifra de muertos en 2018 por “resistencia a la autoridad”. “Qué tiene que venir después del informe Bachelet?”, clamó Simonovis, “¿cuál es la cura?”.
El excomisario fue condenado a tres décadas de prisión por su supuesta responsabilidad en las muertes producidas durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. “He pasado 15 años preso por un delito que no cometí”, dijo este viernes. Del encierro, antes del arresto domiciliario concedido por motivos de saludo, le han quedado secuelas físicas, aseguró. Ahora ha sido nombrado comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del equipo diplomático nombrado por Guaidó en Washington y mantiene contacto con la CIA y la agencia antidroga estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés).
