Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Dos paquetes bomba de la misma confección y procedencia fueron enviados este jueves en Santiago de Chile a un cuartel policial en el municipio de Huechuraba y a las oficinas de Quiñenco, uno de los principales grupos económicos del país. El primer artefacto estalló en la comisaría, dejando ocho carabineros heridos de diversa consideración. El segundo fue identificado antes de que explotara e iba dirigido al gerente legal de la compañía, Rodrigo Hinzpeter, exministro del Interior en el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). Ambos envíos ponen en entredicho tanto el sistema de inteligencia chileno como la labor policial, que no ha sido capaz de identificar y castigar a los autores de estas acciones. El envío de paquetes bomba no es frecuente en Chile, pero sí se ha producido en varias ocasiones en los últimos dos años.
“Condeno total y absolutamente este cobarde atentado terrorista, porque cada vez que se mata a un carabinero o se trata de matar a muchos carabineros se está atentando contra nuestra democracia y contra la seguridad de todos los chilenos”, ha señalado esta noche Piñera, cuyo Gobierno -está en su segundo mandato- interpuso una querella invocando la Ley Antiterrorista. El mandatario aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a los parlamentarios para que aprueben un nuevo texto legal en la materia, que “dará muchos más instrumentos y facultades a las policías, los fiscales y los jueces”.
Los paquetes bomba fueron enviados con el mismo remitente a través de Correos de Chile y llegaron a su destino con alrededor de una hora de diferencia. Según el registro de las cámaras de seguridad, fue una funcionaria de la empresa estatal de envíos la que llevó el artefacto hasta la 54º comisaría de Huechuraba –en la zona norte de Santiago–, pero aún se investiga si estaba al tanto del delito. El estallido provocó fracturas, heridas en extremidades y traumas acústicos a ocho funcionarios policiales. La sede de la empresa Quiñenco en el municipio de Las Condes, en tanto, fue evacuada.
“Lamento profundamente los actos terroristas ocurridos hoy en Chile”, escribió en Twitter el presidente de Quiñenco, Andrónico Luksic, una de las principales fortunas del país. “Chile merece que los culpables de estos cobardes y repudiables actos no queden impunes”, indicó el empresario sobre unos atentados que, hasta ahora, ninguna persona u organización se ha atribuido.
En enero de 2017, un artefacto explosivo fue enviado al domicilio del Óscar Landerretche, que se desempeñaba como presidente del directorio de Codelco, la cuprífera estatal. La bomba se activó en la cocina de su hogar y provocó lesiones a una de sus hijas, a la asistenta y a él mismo. “Yo tenía muchísima fe en la Justicia, en la policía. Mi abuelo era carabinero, así que le tengo mucho cariño a esas instituciones, pero, para ser súper sincero, no veo muy buen desempeño. No veo resultados”, dijo Landerretche en mayo a la revista The Clinic. “Hay una sensación de que el Estado estuviera perdiendo su monopolio sobre el uso de la fuerza y el imperio de la ley, que es una cosa esencial para una vida civilizada”.
A principios de este año, un artefacto explotó en una parada de autobuses del céntrico municipio de Providencia dejando cinco heridos. Y en mayo, el presidente de Metro, Louis de Grange, recibió en su domicilio de Las Condes un paquete enviado por correo. Antes de abrirlo, sin embargo, alertó a Carabineros, que constató que se trataba de una bomba. “Han sido puros atentados en cercanías de campus o a profesores. Y también, siempre contra entidades del Estado. Parece que a estos terroristas (que se hacen llamar Individualistas Tendiendo a lo Salvaje) no les gusta mucho el Estado, así que muy de izquierda no pueden ser”, indicó Landerretche, académico de la Universidad de Chile.
Tras el atentado contra De Grange, este grupo justificó sus acciones en un comunicado en el que aludía al daño que tanto Codelco como Metro han realizado a la naturaleza en sus operaciones bajo tierra.
