El Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión, del Banco Mundial (Ciadi), le ordenó a Colombia pagar 19,1 millones de dólares a la minera Glencore por una sanción que en 2016 le había impuesto la Contraloría a esta empresa.
En un laudo arbitral de 350 páginas, que está siendo cuidadosamente estudiado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), el Tribunal determinó que la sanción del órgano de control “obstaculizó” los intereses de la minera, aunque desestimó las demás pretensiones de la empresa, que pedía un pago de más de 500 millones de dólares.
“Colombia está satisfecha de que no la hayan condenado en más de 500 millones de dólares. Colombia no saca plata nueva, sino devuelve la que ya había cobrado”, explicó Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa.
Es por ello que Colombia tendrá que restituir 19,1 millones de dólares, más intereses desde que Glencore pagó la multa de la Contraloría. El director dijo que una vez terminen de revisar el laudo se podrían tomar otras decisiones, como eventualmente interponer un recurso de anulación ante Ciadi.
La demanda que había puesto la minera tenía que ver con una supuesta afectación financiera que sufrió su filial en Colombia, C. I. Prodeco. En 2010 la empresa logró que le hicieran una modificación en el cálculo de las regalías, por la explotación de la mina ‘Calenturitas’, ubicada en La Jagua de Ibirico (Cesar). El ajuste lo avaló el Ministerio de Minas, en cabeza de Hernán Martínez, a través de un otrosí.
Pero la Contraloría determinó, en 2016, que ese ajuste terminó afectando los intereses de la Nación y no estaba justificado, y condenó a Prodeco a pagar 60.000 millones de pesos por el daño patrimonial.
“Lo que el laudo está diciendo es que la Contraloría se adelantó al declarar detrimento patrimonial” por el que le impuso la multa a la minera, agregó Gómez sobre este aspecto, “no dijo que la Contraloría no podía meterse. Dijo que debía hacerlo de otra manera”.
En ese sentido, dijo el director de la ANDJE, tampoco se cierra la puerta a que si, más adelante, se puede probar el detrimento patrimonial por el que la Contraloría sancionó a la minera, se pueda iniciar otro proceso fiscal contra esta.
Para Glencore, en este caso no solo hubo acoso del Estado, sino que además el otrosí está vigente. Por eso, le había pedido al Centro Internacional de Arbitraje de Disputas Relativas a la Inversión, del Banco Mundial (Ciadi), que condenara a Colombia por más de 500 millones de dólares.
De otro lado, además de esta demanda, por la sanción de la Contraloría, Glencore tiene otro litigio contra Colombia por el canal de acceso al puerto de Santa Marta. “Vamos a defender a Colombia con la misma fuerza como lo hicimos en este proceso. Aquí ningún inversionista va a asustar a Colombia en las Cortes”, declaró al respecto Gómez.