En un fallo histórico, un juez de Oklahoma ha condenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en la crisis de los opioides mediante la comercialización agresiva de analgésicos, que se han cobrado miles de vidas en el Estado en la última década. Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, Thad Balkman, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes -ciudades y condados- que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal en Ohio. Además, 40 Estados están liderando batallas legales similares. El gigante farmacéutico negó haber actuado mal y adelantó que apelará el fallo.
La crisis de los opioides que azota a Estados Unidos se originó a finales de los noventa. En las últimas dos décadas, más de 400.000 personas han muerto en todos el país por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU, por sus siglas en inglés). En Oklahoma, 4.653 ciudadanos fallecieron producto de una sobredosis de analgésicos entre 2007 y 2017. En los documentos judiciales del caso, el Estado sostuvo que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 cada hora en 2017.
Balkmam explica en el fallo que Johnson & Johnson lanzó “campañas de marketing falsas, engañosas y peligrosas” que provocaron “un aumento exponencial de las tasas de adicción, muertes por sobredosis” y bebés nacidos expuestos a los opioides. También considera que la crisis generada por la adicción a estas sustancias representa “un peligro inminente y una amenaza”. El juez Balkman dijo que la multa de 572 millones de dólares permitiría pagar los servicios necesarios por un año para combatir la epidemia en en el Estado. Oklahoma esperaba una multa de 17 mil millones de dólares para financiar programas de prevención y tratamientos para superar la adicción durante los próximos 20 años.
“Hemos demostrado que J&J fue la causa principal de esta crisis de opioides”, dijo Brad Beckworth, el abogado principal de Oklahoma. “Ganó miles de millones de dólares en un período de 20 años. Siempre han negado la responsabilidad y, al mismo tiempo, dicen que quieren marcar la diferencia para resolver este problema. Así que hagan lo correcto: paguen la multa”, agregó.
En 2017, el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, demandó a las compañías farmacéuticas y sus subsidiarias (J&J, Purdue Pharma y Teva) por causar un “perjuicio público” al lanzar una campaña de marketing agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los medicamentos para tratar el dolor crónico y subestimaba el riesgo de adicción. Hunter apuntó que J&J era la compañía “líder” del engaño, actuando motivada por “la codicia”. Según el fiscal, entre 2015 y 2018 se otorgaron 18 millones de recetas de opioides en un Estado con una población de 3.9 millones.
Las otras dos compañías farmacéuticas demandadas, Purdue Pharma y Teva, llegaron a acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales en mayo, por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente. 200 millones de la multa de Purdue se destinarán a financiar un centro de estudios de adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma en Tulsa.
Pero J&J no abandonará la batalla legal. Los abogados de la compañía han sostenido que forman parte de una industria legal y altamente regulada, sujeta a una estricta supervisión federal, incluida la Agencia de Control de Drogas de EE UU y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). El abogado principal de la farmacéutica, Larry Ottaway, dijo durante los argumentos finales del juicio de siete semanas que los medicamentos opioides satisfacen una necesidad: abordar el dolor crónico que afecta a miles de residentes de Oklahoma todos los días.
Tras concerse el fallo histórico, Michael Ullmann, asesor general y vicepresidente ejecutivo de Johnson & Johnson, defendió a la subsidiaria farmacéutica de la compañía. “Janssen no causó la crisis de los opioides en Oklahoma, ni los hechos ni la ley respaldan este resultado”, criticó. “Reconocemos que la crisis de los opioides es un problema de salud pública tremendamente complejo y tenemos una profunda simpatía por todos los afectados”, agregó.
La decisión del juez Balkman llega solo dos meses antes de que comience el primer juicio federal por opioides en Ohio. Cerca de 2.000 ciudades y 40 Estados están incolucrados en batallas judiciales similares. Las demandas están drigidas a viarios fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias.