Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El Parlamento británico vuelve a ser este martes el epicentro de todas las miradas. En una sesión, prevista para las 14.30 hora local (las 15.30 en la España peninsular), 650 diputados se disponen a librar una batalla política alrededor del Brexit con un final por ahora incierto en el que se incluye la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Esto es lo que la oposición, liderada por el laborista Jeremy Corbyn, y los conservadores del primer ministro Boris Johnson encaran a partir de hoy.
¿Qué busca la oposición liderada por Corbyn?
Los laboristas de Jeremy Corbyn, junto a una quincena de tories rebeldes —considerados así por sus posiciones contrarias a la línea dura marcada en las últimas semanas por el premier, Boris Johnson— y otros partidos de oposición lanzarán este martes una iniciativa legislativa para evitar la perspectiva de una salida de la UE sin acuerdo. El primer paso es hacerse con el control de la agenda de la Cámara de los Comunes —normalmente en manos del Ejecutivo—. Esto abriría una oportunidad para debatir y votar mañana una ley que conmine al Gobierno a no acometer un Brexit salvaje.
El texto legislativo plasmado por la oposición, de ser aprobado, obligaría a Johnson a que antes del 19 de octubre tome dos caminos: bien llegue a un acuerdo de salida de la UE con Bruselas que sea refrendado por el Parlamento británico, o bien que la Cámara apruebe un Brexit sin acuerdo con Bruselas (algo muy poco probable y que ya ha sido rechazado en el pasado).
Si no se cumplen esas dos condiciones, llegada la fecha del 19 de octubre, el Gobierno debería dirigirse a las instituciones comunitarias pidiendo un aplazamiento de la fecha de salida del país de la UE (prevista para el 31 de octubre) al 31 de enero de 2020. Si el resto de socios de la UE aceptan esa petición, Johnson habrá de respetarla. Y si en Bruselas se acuerda ese aplazamiento, pero se sugiere otra fecha distinta al 31 de enero de 2020, el primer ministro deberá aceptarla durante los dos días siguientes a no ser que el Parlamento británico la rechace.
El segundo camino que puede tomar la oposición es la llamada a una moción de no confianza (moción de censura) contra Boris Johnson. Si sale adelante (necesita dos tercios de la Cámara), se abre un periodo de 14 días para bien formar una alternativa de Gobierno (presumiblemente liderado por Jeremy Corbyn) que frene un Brexit salvaje y la posibilidad de que el país vaya a elecciones anticipadas, o bien para que el Gobierno conservador consiga recuperar la confianza de la Cámara.
Si nada de lo anterior es posible en los siguientes 14 días, se convocan elecciones automáticamente y Boris Johnson, como primer ministro, tiene la potestad de decidir el día de los comicios. Esa fecha podría ser después del 31 de octubre (algunas fuentes hablan de entre el 1 y el 5 de noviembre) y que, por tanto, el país haya salido de la UE con un Brexit salvaje. Otras fuentes, sin embargo, hablan de mediados de octubre.
¿Qué puede responder el Gobierno de Johnson?
Si la oposición consigue aprobar las leyes que le devuelven el control del Parlamento, el primer ministro podría convocar elecciones anticipadas (los comicios están previstos para 2022, según el calendario electoral), tal y como ha estado amenazando durante las últimas horas.
Para convocar elecciones, Johnson necesita proponerlo en Westminster (que cerrará sus puertas del 10 de septiembre al 14 de octubre), primero, y obtener el respaldo de dos tercios de una Cámara compuesta por 650 diputados, después. El tory necesita, por tanto, los votos a favor del Partido Conservador, pero también algunos de la oposición laborista. Jeremy Corbyn se ha mostrado siempre proclive a la celebración de unos comicios, pero en las últimas horas, sin embargo, ex primeros ministros laboristas como Gordon Brown y Tony Blair le han advertido de la “trampa” que pueden representar unas elecciones anticipadas. La última encuesta de YouGov, de hace cuatro días, da a Johnson un 33% en intención de voto, mientras Corbyn obtendría un 22%.
Si la Cámara apoya por dos tercios la convocatoria electoral, los comicios se celebrarán a mediados o finales de octubre, según fuentes del Gobierno han comentado a los medios británicos. En cualquier caso, recoge Reuters, antes del 31 de octubre, fecha programada para el Brexit. Es cierto que, ya que la potestad de decidir la fecha es de Johnson, podría fijarla más tarde del 31 de octubre (algunas fuentes gubernamentales hablan de entre el 1 y el 5 de noviembre) y que por tanto el país se vea inmerso en un Brexit salvaje el 31 de octubre.
Si se convocan elecciones para antes del 31 de octubre y Johnson las gana, el primer ministro conservador tendría un mandato claro de la población de llevar a cabo el Brexit con o sin acuerdo, según Hanna White, subdirectora del think tank Instituto para el Gobierno citada por el Financial Times.
EL FRENTE JUDICIAL
Tras la decisión de Boris Johnson la semana pasada de prolongar el cierre del Parlamento por sorpresa hasta el 14 de octubre, diputados, ciudadanos y hasta un ex primer ministro, John Major, abrieron otro frente en la guerra del Brexit: el judicial.
Este martes, un juez de Edimburgo (Escocia) escuchará los argumentos completos de unos 70 diputados que interpusieron una demanda en contra del cierre de Westminster la semana pasada.
En Irlanda del Norte, el activista Raymond McCord llevó el caso a un tribunal de Belfast argumentando que la decisión de Johnson, en última instancia, pone en peligro los Acuerdos de Paz de Viernes Santo que en 1998 pusieron fin a décadas de conflicto armado en el Ulster. Está previsto el juez escuche los argumentos para tomar una decisión este jueves.
Por último, en Londres, Gina Miller, la mujer que consiguió en 2016 que un tribunal dictase que la última palabra respecto a la salida del país de la UE la tendría el Parlamento y no el Gobierno, interpuso una demanda en un tribunal de Londres. A los pocos días, el ex primer ministro conservador John Major se adhirió a la demanda de Miller. El juez, según los medios británicos, escuchará los argumentos de la acusación este jueves.
Es importante remarcar que no es posible, o al menos es muy difícil, armar un caso judicial en contra una prerrogativa real (como es el aval de la reina Isabel II a la petición de Johnson de prorrogar el cierre del Parlamento), pero sí sobre el consejo, sugerencia o petición previa que le hizo el primer ministro a la monarca para que esta, formalmente, aprobara el cierre de la Cámara de los Comunes.
FUENTE: EL PAÍS
