Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El régimen de Nicolás Maduro ha lanzado un nuevo censo que pone en riesgo la vivienda y las propiedades de los 4 millones de venezolanos que han emigrado y de los que se han quedado, otros 26 millones, lo que ha aumentado la crispación y la zozobra que se vive en la dictadura chavista, que cada vez se quiere parecer al modelo cubano.
Tanto Maduro como su vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, anunciaron la puesta en marcha este viernes del XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico que tendrá dos fases: el levantamiento de información inmobiliaria y, posteriormente, el empadronamiento familiar. Detalló que en la primera etapa se hará un conteo de los inmuebles existentes en el país, bien sean hogares, comercios o locales, a los cuales se les colocará una etiqueta con un código QR que contendrá toda la información».
El ministro Ménendez añade que los que realizarán ese censo serán «la Milicia Bolivariana, el Poder Popular (los concejos comunales y las brigadas chavista UBCH del PSUV y Somos Venezuela, partido de Maduro), que serán el gran cuerpo de empadronadores que vamos a tener desplegados en el territorio nacional».
Manuel Aguana denunció en el portal Panam Post que esto es una repetición del tristemente célebre caso de Luis Tascón, quien se apoderó de la información de las planillas del censo para estigmatizar a unos 4 millones de venezolanos que firmaron en contra de Hugo Chávez y que fueron excluidos.
Los funcionarios chavistas ya comenzaron a realizar el censo pero el abogado Aguana se declara en rebeldía y propone «no abrirles la puerta». Rechaza que el régimen tenga información de los datos personales, de cuántas personas viven en la vivienda, de cuántas habitaciones tiene, qué tipo de vivienda posees. «Esto se ha agravado porque en esta fase de la destrucción de Venezuela, los chavistas van a por las viviendas de 4 millones que han huido del país por razones humanitarias y de los que se han quedado»·
Expropiación multimillonaria
El abogado Luis Aguana señala que al saberse condenados a defenderse sin poder salir de Venezuela, el régimen incautará los bienes inmuebles de los que se han ido para compensar a quienes todavía necesita en el país para su protección (sin contar con aquellos que se apropiarán personalmente quienes administrarán ese despojo) en una expropiación multimillonaria, cuya cifra en dólares dejará lo que pasó en Cuba como un jueguito de Monopolio.
Elías Santana, director de Condominios.com, dijo a ABC que le han escrito al ministro una carta en la que le solicitan una explicación sobre el polémico censo. «Queremos que nos explique por qué se han adelantado al 2021 cuando corresponde el próximo censo, y por qué no participan los funcionarios legales del Instituto Nacional de Estadísticas, sino los funcionarios políticos de un partido oficialista como el PSUV que es ilegal desde todo punto de vista para levantar un censo».
Santana subraya a ABC que los funcionarios del censo deben ser el Instituto de Estadísticas y no del partido oficialista. «El censo debe realizarse en el 2021 con funcionarios del INE. Y no con activistas del poder popular del chavismo como las unidades UBCh del PSUV (Unidades Bolivarianas Chavistas) y del partido Somos Venezuela que fundó Maduro».
En caso de que el ministro Menéndez no le responda la carta, lo que propone Santana es que la ciudadanía venezolana apele a la «objeción de conciencia», un mecanismo contemplado en la constitución venezolana, para evadir el censo y que los chavistas entren a su domicilio para impedir la confiscación de la propiedad.
Esto es un modelo cubano de control social que se le ha impuesto a los venezolanos. La ciudadanía y el Frente Amplio Venezuela Libre van a enfrentar la arremetida de Maduro con el censo chavista.
Santana se está preparando para orientar a los venezolanos a rechazar el censo con una campaña inspirada en España que ponía en primer plano la línea del «objetor de conciencia» para evadir la mili que en el caso de los venezolanos se trata de rechazar a los chavistas sobre el censo que no están facultados para quitarles su vivienda.
