Miercoles, 9 de Abril del 2025 
Este sábado concluyen tres meses de una dura campaña en busca de los principales cargos locales y regionales en el país. El objetivo de 117.823 candidatos, entre aspirantes a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales, son los 20.428 cargos de elección popular que entrega la jornada de este domingo.
Es por eso que las elecciones regionales son las más numerosas y concurridas de cuantas se realizan en Colombia. A diferencia de Congreso, en las que los candidatos pueden estar entre 2.000 y 3.000, los comicios de este domingo son también los que más ciudadanos convocan. De hecho, en el 2015 los votantes superaron los veinte millones.
En esta ocasión, los colombianos irán a las urnas luego de una campaña caracterizada por hechos como amenazas contra candidatos, asesinatos de varios aspirantes en los dos primeros meses, denuncias de supuesta participación en política de algunos funcionarios públicos y de trasteo de votos, entre otros delitos electorales, y una baja participación de las mujeres en estos comicios.
Las amenazas
De acuerdo con cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el pasado jueves habían sido asesinados 7 candidatos (3 a alcaldías y 4 a concejos) y otros 14 habían sido víctimas de atentados.
Además, 110 aspirantes enfrentaron la campaña en medio de amenazas, lo que les generó dificultades para trasladarse a algunos lugares de sus regiones, y uno permanece secuestrado.
Los departamentos más peligrosos para los candidatos han sido Atlántico, Cauca, Bolívar, Antioquia y Arauca.
Las autoridades han señalado como responsables de estos hechos violentos a las guerrillas del Eln, disidencias de las Farc y grupos ilegales relacionados con el narcotráfico, pero también, según las autoridades, de la dura confrontación entre campañas políticas.
Decisiones judiciales
Los organismos de control también han tomado decisiones durante la campaña e investigan diferentes tipos de irregularidades.
Por los lados de la Fiscalía, hay 239 casos abiertos por supuesta trashumancia o trasteo de votantes. Al ente investigador han llegado 242 denuncias por fraude en inscripción de cédulas, 195 por corrupción al sufragante, 79 por constreñimiento al sufragante y 66 por intervención en política por funcionario público.
Según el ente investigador, en 27 de los 32 departamentos hay indagaciones por presuntos delitos electorales, en los que Boyacá ocupa el primer puesto, con 89 casos; seguido de Cundinamarca, con 57; Santander, con 54, y Antioquia, con 47.
La Procuraduría General también ha tomado decisiones y ha suspendido a 25 funcionarios por presunta participación en política. El Ministerio Público adelanta 50 investigaciones por las mismas irregularidades.
Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó cerca de un millón de inscripciones de cédulas por presunta trashumancia. El mismo organismo recovó, además, las inscripciones de 1.550 candidaturas, de más d e 3.500 solicitudes de revocatorias por presuntas inhabilidades.
En medio de la campaña también se ha conocido de bajo reporte de las cuentas de las campañas. Según el CNE, apenas 16.000 candidatos reportaron sus gastos de campaña. Los candidatos que no realizaron los reportes deberán responder ahora ante el organismo electoral.
