Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
China ha reaccionado con furia a la aprobación en la Cámara de Representantes estadounidense de un proyecto de ley que, de promulgarse, permitirá imponer sanciones a los responsables de violaciones de los derechos humanos de la minoría uigur en su región de Xinjiang. Horas después de que los congresistas dieran por 407 votos contra 1 su visto bueno a la medida, el Gobierno en Pekín ha advertido de “consecuencias”. El Ministerio de Exteriores ha convocado a un representante de la Embajada estadounidense para expresarle su dura repulsa.
El proyecto de ley, que aún debe recibir la aprobación del Senado antes de que pueda pasar a manos del presidente Donald Trump para su promulgación, propone sancionar a varios altos cargos chinos, entre ellos el secretario general del Partido Comunista en Xinjiang, Chen Quanguo, al que se atribuyen las medidas más duras adoptadas contra los uigures, de religión musulmana, en esa región autónoma. El documento también prohíbe exportar a China algunas tecnologías que se pueden emplear para “eliminar la privacidad individual o la libertad de movimiento”.
La Cámara de Representantes ha aprobado la iniciativa en respuesta a las numerosas denuncias sobre la campaña de control sobre los uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang y que, según los cálculos de expertos, puede haber confinado en campos de internamiento a más de un millón de personas. Pekín asegura que esos campos son meros centros de formación profesional donde se enseña a sus internos un oficio, mandarín (la lengua uigur está emparentada con el turco) y principios básicos de la legislación china. Son, según el gobierno central chino, un elemento imprescindible de su estrategia para prevenir el terrorismo. Según los defensores de los derechos humanos, se trata de centros de adoctrinamiento bajo coerción, en los que se han registrado malos tratos y que buscan que los internos se distancien de su cultura y lengua ancestrales.
En respuesta al paso en el Congreso estadounidense, el viceministro de Exteriores chino Qin Gang convocó al ministro consejero de la Embajada de EEUU en Pekín, William Klein, para expresarle los “tajantes argumentos” de su Gobierno. Horas antes, la portavoz jefe del Ministerio, Hua Chunying, había advertido a Washington de que tendrá que afrontar las consecuencias si la medida sale adelante.
“Creo que por cada error de palabra u obra hay que pagar. (Estados Unidos) tendrá que pagar un precio”, sostuvo la portavoz, que expresó la “viva indignación” de su Gobierno por el proyecto de ley. “Es imposible que esto no tenga un efecto en las relaciones bilaterales”, puntualizó.
El nuevo proyecto de ley comienza su camino en el Capitolio de Washington solo una semana después de que Trump firmara, el pasado 28 de noviembre, una ley que obliga al Gobierno estadounidense a revisar anualmente la situación de los derechos humanos en Hong Kong. Si encuentra que no se respetan lo suficiente, podrá imponer sanciones sobre los individuos que considere responsables y retirar a la antigua colonia británica el estatus comercial preferente que le permite evitar las restricciones que Washington impone a la China continental.
También llega cuando los dos países intentan cerrar la primera fase de un acuerdo que ponga fin a su guerra comercial, aunque las posibilidades de lograrlo parecen, ahora mismo, distantes. El propio Trump ha aludido a la probabilidad de que cualquier pacto quede para después de las presidenciales de noviembre de 2020. Si no se cierra esa primera fase, el 15 de diciembre Estados Unidos elevará un 15% los aranceles sobre más de 150.000 millones de dólares en importaciones de productos chinos. Pekín responderá con una medida similar sobre 75.000 millones de dólares en bienes estadounidenses.
Tras la promulgación de la ley estadounidense sobre Hong Kong, China replicó el lunes con el anuncio de que dejará de permitir que buques militares estadounidenses puedan atracar en el puerto de Hong Kong, como venían haciendo hasta ahora en periodos de descanso. También ha anunciado que tomará medidas contra ONG estadounidenses en Hong Kong que, según sostiene, han apoyado las protestas en la antigua colonia.
