Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
La Corte Penal Internacional (CPI) presentó este jueves su informe preliminar sobre el 2019, en el cual dedicó uno de sus apartes a Colombia. El organismo internacional destacó los avances en el país en los procesos para enjuiciar crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio colombiano.
“Las autoridades colombianas parecen haber progresado hacia el cumplimiento de su deber de investigar y enjuiciar conductas que constituyan crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad bajo el Estatuto de Roma”, señala el informe.
La CPI informó, además, que para el 2020 continuarán evaluando la autenticidad de los procedimientos llevados a cabo en el sistema de justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Se seguirá de cerca los procedimientos individuales que deberían surgir en los casos ‘macro’ relevantes bajo la JEP, así como la identificación de casos seleccionados para otros pasos, incluidos investigaciones y enjuiciamientos”, señaló la Corte.En este sentido, la CPI señaló que por “la complejidad y naturaleza de largo plazo” que tienen los procedimientos que se llevan a cabo en las tres jurisdicciones nacionales (Ordinaria, JEP y Justicia y Paz), se centrarán en revisar que las “sanciones penales sean efectivas” y cumplan con reparación y no repetición.
Colombia ha estado bajo examen preliminar de la CPI desde junio del 2004, y en el reporte 2019 de la entidad se ratifica que, como lo han dicho en años anteriores, en el país se siguen cometiendo graves crímenes como asesinatos, desplazamientos forzados, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, ataques contra civiles y reclutamiento y utilización forzada de menores de edad en grupos armados.
Y aunque en este informe la CPI resaltó avances de las autoridades colombianas en atención a temas de justicia y violaciones de derechos humanos, los focos de evaluación se mantienen en: procesos judiciales relacionados con la creación y expansión de grupos paramilitares, desplazamiento forzado, delitos sexuales y procedimientos judiciales relacionados con ‘falsos positivos’.
Además, la Fiscalía de la CPI comenzó a hacer seguimiento al marco leal para la paz, así como a lo relacionado con la aparición de nuevos grupos armados ilegales.
Sobre los avances de autoridades colombianas en la investigación de grupos paramilitares, la CPI indicó que el país priorizó casos sobre crímenes cometidos por civiles y agentes del Estado no combatientes. Según el informe, a octubre de este año, la Fiscalía General de la Nación llevaba 2.047 casos contra civiles o agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública por crímenes relacionados a la promoción del paramilitarismo; de esos, 1.253 casos habrían sido cometidos por civiles o empresarios y 794, por agentes del Estado.
Además, la CPI también destacó las actuaciones de la JEP en este tema, por ejemplo, con los procesos de verdad relativos a los excongresistas David Char Navas y Álvaro Ashton, y al exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, todos se comprometieron a aportar verdad en relación a sus vínculos con ‘paras’.
En cuanto a lo que ha hecho el país en investigaciones por desplazamiento forzado, la CPI destacó que “las autoridades parecen haber progresado en la investigación y el enjuiciamiento de casos relevantes para el examen preliminar”, diciendo que, por ejemplo, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá condenó a ‘Ernesto Báez’ (q. e. p. d.) y 273 miembros del bloque Central Bolívar de las AUC por varios crímenes, incluyendo desplazamiento. También fueron condenados otros miembros de grupos paramilitares por estos hechos.
Asimismo destaca el informe que la Fiscalía General de la Nación priorizó la situación de crímenes cometidos desde 2018 por el Eln y ‘los Pelusos’ en la región del Catatumbo. Y en la JEP, los macro casos en los que se analizaron afectaciones de desplazamiento forzado en varias regiones mostraban avances.
Sobre las investigaciones que ha hecho Colombia sobre crímenes sexuales y violencia de género, la CPI destacó condenas de Justicia y Paz a exmiembros de grupos paramilitares por crímenes y abusos sexuales. Además, se destacó que la Fiscalía General de la Nación envió a la JEP investigaciones contra 234 miembros de la Fuerza Pública por crímenes de este tipo, investigaciones en las que se han identificado 281 víctimas.
Y en la propia JEP, la CPI destacó que hay avances en los casos relacionados con crímenes sexuales, por ejemplo, el caso 007 que es sobre reclutamiento y utilización de menores por las Farc. Aquí la JEP ya identificó inicialmente a 8.839 víctimas, entre ellas 5.965 niños y 2.848 niñas, además de 26 víctimas sobre las que no se registró su sexo.
Uno de los casos más álgidos, y por el que más llamados de atención de la CPI había recibido Colombia, era el de ‘falsos positivos’; pero incluso en este aspecto, la CPI destacó que hubo avances investigativos de parte de Colombia.
Según el informe, la Fiscalía General de la Nación lleva 2.268 casos por ‘falsos positivos’, en los que hay por lo menos 3.876 víctimas. Estos casos tienen que ver con hechos presuntamente cometidos por miembros de 25 brigadas de Ejército dentro de siete Divisiones. En total hay 10.742 personas investigadas por estos hechos y han sido condenados 1.740 exmilitares.
Por casos presuntamente cometidos por la División 1.ª del Ejército, entre 2004 y 2008 en Cesar, son investigados 7 generales, entre otros militares. Por ‘falsos positivos’ presuntamente cometidos por miembros de la División 2.ª del Ejército entre 2002 y 2009 en Norte de Santander y Magdalena son investigados 2 generales, entre otros miembros. Por casos presuntamente cometidos por la División 4.ª, en Meta, Casanare y Vichada, hay investigaciones contra un general, entre otros militares. Por casos presuntamente perpetrados por miembros de la 5.ª División, en Huila, hay investigaciones contra dos generales y otros militares. Y por último, la Fiscalía indicó que por casos presuntamente cometidos por la 7.ª División, en Antioquia y Córdoba, hay investigaciones contra 8 generales del Ejército, entre otros militares.
Además, la CPI destacó igualmente el trabajo de la JEP, en donde, a octubre de este año, habían sido recibidas versiones voluntarias de 155 militares investigados por casos de ‘falsos positivos’.
La situación de Venezuela
Otro capítulo importante del informe de la CPI es el relacionado con la compleja situación de Venezuela, que ha estado en examen preliminar de este tribunal internacional desde febrero del 2018.
La Corte ha analizado situaciones que se han presentado en Venezuela, al menos desde abril del 2017, en las que han ocurrido y siguieron ocurriendo durante el periodo analizado en este informe eventos de uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerza Armadas venezolanas contra manifestantes, de los cuales un importante número reportó haber sido maltratados cuando fueron detenidos.
El informe de la CPI resalta que la mayoría de muertes relacionadas con la crisis política del país habrían ocurrido en las protestas entre 2017 y 2019, y al menos 117 civiles habrían sido asesinados en las protestas de esos años bien por Fuerzas de Seguridad del Estado o por colectivos de civiles armados progobierno.
El informe de la CPI también habla de tortura presuntamente cometida para castigar, forzar confesiones o incriminar a otras personas. Desde 2017, entre 300 y 400 personas habrían sido sometidas a tortura u otros malos tratos cuando fueron detenidos.
La Oficina de la Fiscal de la CPI informó que está casi completa su evaluación sobre la situación de graves crímenes en Venezuela, y que espera tener listo el informe completo a comienzos del 2020.
Además, dijo la Oficina de la Fiscal de la CPI, si al terminar esta evaluación el resultado es positivo para graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que no están siendo atendidos por las autoridades locales, se procederá a una evaluación de admisibilidad, es decir, el caso de Venezuela avanzaría una escala más hacia una investigación formal y posterior juicio de la CPI.
