El Gobierno francés aplazará la aplicación de la ambiciosa reforma de las pensiones para apaciguar la inquietud de los franceses que temen trabajar más y cobrar menos, y para desactivar las movilizaciones que mantienen Francia a medio gas. El primer ministro, Édouard Philippe, presentó el miércoles las grandes líneas de un proyecto central en la presidencia de Emmanuel Macron. La propuesta, recibida con duras críticas por los sindicatos, prevé que la reforma se aplique a partir de la generación de 1975, que se jubilará hacia 2037. Según los planes que sopesaba el Ejecutivo, el año de nacimiento de referencia era 1963. Ahora se abre un nuevo periodo de discusión antes de que la ley se someta al Parlamento.
Reforma, sí, pero sin prisas. En un discurso muy esperado, bajo el lema Por una jubilación más sencilla, más justa, para todos, Philippe ofreció concesiones a los sindicatos que han impulsado las mayores huelgas y manifestaciones sociales en años. Pero no cedió en los ejes centrales de lo que Macron, en su círculo más cercano, ha llamado “la madre de todas las reformas”. El discurso fue un juego de equilibrios: mantener el proyecto sin excitar aún más el descontento en la calle, que expresa un malestar que va más allá de las pensiones.
“Me parece que las garantías a las poblaciones más inquietas justifican retomar el diálogo y que la huelga que penaliza a millones de franceses se detenga”, dijo Philippe.
Las primeras reacciones fueron hostiles. Una propuesta concentra las críticas: la edad de referencia para obtener toda la pensión de jubilación se fijará en los 64 años. “Se ha franqueado una línea roja”, dijo Laurent Berger, el jefe del primer sindicato de Francia, la reformista CFDT, que hasta ahora había mantenido un apoyo crítico a la reforma y no había participado en las movilizaciones. “Todo el mundo trabajará más tiempo: es inaceptable”, declaró Philippe Martínez, secretario general de la CGT, que, ya antes del discurso, exigía la retirada total del proyecto.
El ritmo de la reforma será más lento de lo previsto. Pero su objetivo seguirá siendo la fusión de los 42 regímenes de pensiones en uno solo que iguale a todos los trabajadores, calculado por un sistema por puntos que suscita temor por la incertidumbre sobre el método de cálculo y sobre su depreciación.
No quedará alterado el carácter público ni el mecanismo según el cual los trabajadores sufragan la pensión de los jubilados con la garantía de que, al jubilarse, ellos también recibirán su pensión. Pero refundará los pilares de este sistema.
El plan puede perjudicar a empleados del sector público y privado cuyo cálculo de la pensión se basa en los mejores años de sus carreras; en el futuro se calculará a lo largo de toda la carrera. Pero algunos como profesores, policías o bomberos, entre otros, se verán compensados para atenuar la pérdida.
Los que entren en el mercado laboral en 2022 entrarán directamente en el nuevo sistema. En esa misma fecha se garantizará una pensión mínima de mil euros para una carrera plena, un avance para los precarios o para profesiones como la de agricultor. Pero se alargará la vida laboral para hacer financieramente sostenible el sistema. Los nacidos a partir de 1975 se regirán por el viejo sistema hasta 2025 y por el nuevo a partir de entonces.
El plan contempla “poner fin muy progresivamente” a los llamados “regímenes especiales”, que permiten a algunas profesiones jubilarse ante que el resto de trabajadores —hasta los 52 años en el caso de algunos ferroviarios— con pensiones más beneficiosas.
Un aspecto contencioso es el cálculo por puntos por hora trabajada, en vez del cálculo por trimestres actual. Los trabajadores acumularán los puntos en una cuenta individual a lo largo de la vida laboral de forma que, con vistas a la jubilación, cada euro cotizado otorgue los mismos derechos. Philippe propone que sean los agentes sociales los encargados de establecer su valor y su evolución, y que el valor no pueda bajar y siga el curso no de los precios sino de los salarios, que suben más rápido.
También es problemática la llamada edad pivote para la jubilación a los 64 años a partir de 2027. La edad legal es ahora en Francia, y lo seguirá siendo, de 62 años, aunque la edad real varía y en algunos casos se alarga hasta los 67 para obtener la pensión plena. La edad pivote será la edad a partir de la cual los trabajadores podrían recibir su pensión plena. Trabajar menos daría derecho a menos pensión; trabajar más allá de esa edad, a más.
“Para garantizar las pensiones, para financiar un nivel elevado de solidaridad, para aprovechar el aumento de la esperanza de vida sin subir los impuestos, la única solución es trabajar un poco más, como es el caso en Europa y el mundo”, dijo el primer ministro.
Según los planes sopesados en los últimos meses, una opción era que la reforma se aplicase para todos los franceses a partir de la generación de 1963. El aplazamiento en más de diez años —o más de viente en el caso de los “regímenes especiales”— supone una concesión considerable por parte del Gobierno. El objetivo del Gobierno es proseguir el diálogo con los sindicatos de ahora hasta el final de año y tener a punto el proyecto de ley para presentarlo el 22 de enero de 2020 ante el Consejo de Ministros y en febrero ante el Parlamento.