Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
La maquinaría de la justicia mundial se ha puesto en marcha en el antiguo conflicto de Oriente Próximo después de años de estancamiento. La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha pedido este viernes al tribunal que abra una indagación por crímenes de guerra en los territorios palestinos. “Hay indicios racionales para proceder a una investigación sobre la situación en Palestina”, precisó en su petición al tribunal con sede en La Haya, que también juzga delitos contra la humanidad. “Estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este”, concluye Bensouda. La fiscalía de la CPI, sin embargo, ha pedido a los jueces que se pronuncien antes sobre su “competencia territorial” ante la “muy disputada situación legal y de hecho” existente sobre el terreno.
El anuncio cayó como un jarro de agua fría en Israel al inicio de la festividad judía del sabbat. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, acusó a la CPI de actuar
como “un arma política para deslegitimar al Estado judío en un día sombrío para la verdad y la justicia”. El jefe de Gobierno negó que el tribunal penal de La Haya tenga jurisdicción sobre Israel, que no es parte signataria del Estatuto de Roma, el tratado por el que fundó la CPI en 2002. El fiscal general israelí sostiene que las acciones legales presentadas por Palestina, que desde 2015 se halla sometida a la jurisdicción de la CPI, “carecen de toda validez legal”, ya que la Autoridad Palestina no es “un Estado soberano de acuerdo con el derecho internacional” y por lo tanto no reúne los criterios para intervenir ante ese tribunal.
Tras la incorporación de Palestina a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en 2015, la fiscalía de La Haya había iniciado diligencias previas sobre la expansión de los asentamientos y la demolición de viviendas palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este, y sobre la guerra de 2014 en Gaza (en la que perdieron la vida 2.500 palestinos, dos terceras partes de ellos civiles). Las pesquisas en la Franja también pueden implicar a las milicias del enclave, como Hamás y la Yihad Islámica, por el lanzamiento masivo de cohetes de forma indiscriminada contra población israelí durante el conflicto.
Estas diligencias, incoadas a partir de documentos aportados por la Autoridad Palestina y varias ONG, también responden una demanda palestina por la muerte de cerca de 300 manifestantes a causa de los disparos de tropas israelíes en la frontera de Gaza a partir del 30 de marzo de 2018, así como sobre la amenaza de desalojo y expulsión de sus casas de decenas de familias beduinas en la aldea de Jan al Ahmar, al este de Jerusalén, que fue refrendada por el Tribunal Supremo israelí.
El secretario general de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), Saeb Erekat, celebró como “un mensaje de esperanza y de que la justicia aún es posible para los palestinos” la decisión de la fiscalía de la CPI, que consideró como “un paso para confirmar su jurisdicción sobre los territorios palestinos” ante “la apertura de una investigación penal contra Israel”. “La reacción histérica expresada por Israel es la de un Estado que se considera por encima de la ley internacional”, aseveró el veterano negociador diplomático Erekat.
El Gobierno hebreo teme ante todo que la apertura de una investigación penal internacional en La Haya pueda conllevar imputaciones contra responsables israelíes sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o contra la humanidad en territorios palestinos y que, en consecuencia, puedan ser arrestados en el extranjero en virtud de órdenes de detención dictadas por la CPI.
La fiscal Bensouda ha requerido al tribunal que determine “el territorio sobre el que puede ejercer competencia en Palestina” con carácter previo a la apertura de la investigación. La CPI carece de una fuerza policial propia para hacer cumplir sus resoluciones y precisa de la cooperación de los Estados para ejecutarlas.
