Miercoles, 27 de Noviembre del 2024 
La paz aún no llega al campo colombiano. La emblemática Bojayá, escenario de una de las peores masacres durante más de medio siglo de conflicto armado, vuelve a estar asediada por los grupos armados ilegales. En realidad nunca ha dejado de estarlo, a juzgar por las múltiples alertas que han surgido en los tres años transcurridos desde la firma de los acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC. La incursión de centenares de paramilitares el pasado 31 de diciembre en zonas rurales, según denunciaron varias comunidades que quedaron confinadas, ha despertado en el nuevo año un clamor para evitar que la tragedia se repita.
No es la primera vez que se emiten alertas desde este municipio duramente golpeado por la guerra en el selvático departamento de Chocó, en el occidente del país. Allí los grupos armados mueven la coca por los ríos para sacarla al Pacífico, un corredor del narcotráfico con destino a Centroamérica y Estados Unidos. En los últimos tres años, ya sin la presencia de las FARC, han ocurrido episodios similares en una región donde operan tanto las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante del país, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa. Aunque el Ejército colombiano aumentó su presencia, y aseguró la zona sin reportar enfrentamientos, esta última incursión ha despertado inquietudes.
En ese ambiente enrarecido, la zozobra se acrecentó con las amenazas de muerte contra el reconocido líder social Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre. El defensor de derechos humanos, ganador en 2017 del Premio Pluralismo Global, fue una de las víctimas del conflicto que acompañó en Oslo al expresidente Juan Manuel Santos cuando recibió el Premio Nobel de la Paz 2016 por el acuerdo sellado con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido político. Desde que se conocieron las amenazas, Palacios se ha reunido con el ministro del Interior y con el Alto Comisionado para la Paz, que llegaron a Bojayá como parte de la respuesta gubernamental. Las autoridades se comprometieron a reforzar la seguridad de Palacios, que se reunirá este miércoles con el presidente Iván Duque para exponerle la grave situación del municipio y del Pacífico colombiano.
Palacios anticipa a este periódico los puntos que abordará en su encuentro con el mandatario. “Son varias cosas. La primera tiene que ver con la necesidad de implementar de manera integral el acuerdo de paz firmado con las FARC. Segundo, la crisis humanitaria que está viviendo Bojayá ratifica que la salida negociada del conflicto armado es una necesidad. En ese marco, voy a plantearle la urgente apertura de la mesa de diálogo con el ELN y una propuesta de sometimiento por parte de los grupos de las AGC [Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo] para que podamos tener en Colombia una paz más completa”. El ELN había iniciado con el anterior Gobierno unas difíciles negociaciones que languidecían en los primeros meses de la administración Duque y quedaron en un punto muerto luego del atentado con un coche bomba contra una escuela de policía en Bogotá que provocó más de 20 muertos hace un año. Palacios también abogará por temas puntuales en servicios de salud, educación y electricidad para Bojayá. “Si se estuviera respondiendo institucionalmente el conflicto entonces no nos estaría cogiendo tanta ventaja”, valora.
EL PAÍS atestiguó el pasado noviembre varias de las denuncias sobre el inminente riesgo que corre el municipio, cuando acompañó el entierro, 17 años después, de las víctimas de la masacre de 2002. En ese doloroso episodio un centenar de personas, entre ellas varios niños, murieron mientras intentaban refugiarse del fuego cruzado en la iglesia del pueblo, víctimas de un cilindro lanzado por guerrilleros de las FARC que combatían con paramilitares. La extinta insurgencia ha pedido perdón en Bojayá, pero los otros grupos armados que siguen activos no han dado tregua a un municipio que también es reconocido por haber votado abrumadoramente a favor de los acuerdos en el llamado plebiscito por la paz.
La Comisión de la Verdad, surgida de la negociación de paz, acompañó en noviembre por invitación de las víctimas los actos de entrega de los 78 cofres de madera con los restos identificados de la masacre. “Allí fuimos testigos de la valentía de los hombres y mujeres de esa orilla del [río] Atrato, pero también recibimos con dolor las noticias de los nuevos desplazamientos, el confinamiento, el reclutamiento de menores y los asesinatos. Bojayá no puede repetir esa tragedia”, señaló este lunes la comisión en un comunicado firmado por su presidente, el sacerdote jesuita Francisco de Roux. “Instamos a las autoridades a tomar las medidas urgentes y necesarias para esclarecer la verdad y garantizar la vida de Leyner, de todos los líderes y lideresas y de las comunidades hoy en peligro”, añadió. El Ejecutivo de Duque, férreo opositor a los diálogos, no ha conseguido frenar desde que llegó al poder hace un año y medio el asesinato de activistas, indígenas y excombatientes que firmaron la paz.
Las voces que claman porque Bojayá no se convierta, una vez más, en una tragedia anunciada se acumulan. En su más reciente informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz, la misión de Naciones Unidas advierte que “el deterioro de la situación en el departamento del Chocó es motivo de alarma”. Posición a la que se han sumado la Defensoría del Pueblo y la Iglesia en varias oportunidades. Como señala la ONU, la presencia de grupos armados ilegales en regiones como Chocó “sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos”.
FUENTE: EL PAÍS
