Beirut amaneció este domingo entre la indignación y el miedo tras registrar el sábado su noche más violenta, con 377 heridos desde el inicio de las protestas en octubre. El recién designado primer ministro de Líbano, Hasan Diab, se reunió con el presidente Michel Aoun, pero no se logró la esperada formación del Gobierno. Mientras, los manifestantes volvieron a salir a la calle este domingo. Hubo violencia y pedradas, y fueron reprimidos con chorros de agua y gases lacrimógenos. Al menos otras 145 personas resultaron heridas.
“Viven una realidad paralela y no se dan cuenta de que estamos al borde de la hambruna”, exclama una mujer con la voz cortada de tanto gritar. Al igual que esta libanesa, decenas de miles de manifestantes acusan a la clase dirigente de corrupta y de haber llevado el país a la bancarrota y de no formar un Gobierno efectivo para el país.
El sábado, uniformados libaneses persiguieron entre céntricas callejas de la capital a cientos de manifestantes enmascarados contra los que lanzaron cañones de agua, balas de goma y una ingente cantidad de gases lacrimógenos. Unos hechos que la ONG Human Right Watch denunció como de “fuerza excesiva contra los manifestantes” por parte de la policía antidisturbios. “Hay que poner fin a la cultura de impunidad frente al abuso policial del que también han sido víctima ocho periodistas”, comunicó ayer la organización.
Son ya 95 los días que los ciudadanos exigen la caída de la élite político-confesional anclada desde hace tres décadas en el poder. Piden la formación inmediata de un Gobierno de tecnócratas que haga frente al inminente colapso financiero encallado por el mercadeo entre diferentes partidos sobre el reparto de carteras, el número de ministerios y quién los ocupe.
“Los hospitales ingresaron a 169 heridos solo el sábado y el resto fueron tratados in situ”, explicó ayer Rodney Eid, portavoz de la de la Cruz Roja Libanesa (RCL). “Se dieron órdenes de proteger a los manifestantes, pero cuando las protestas tornan en un ataque contra las fuerzas de seguridad, la propiedad pública y privada, es inaceptable”, declaró ayer la ministra del Interior, Raya al Hassan.
Las Fuerzas de Seguridad Interior libanesas cifraron en 142 los uniformados heridos el sábado cuando al menos 38 personas fueron arrestadas, algunas al salir del hospital, según abogados citados por el rotativo libanés L’Orient le Jour.
La violencia de una declarada “semana de la ira” parecía haber servido de revulsivo ayer cuando el primer ministro en funciones, Saad Hariri, pidió a los políticos que “dejaran de perder el tiempo y aceleren el proceso de formación del nuevo Ejecutivo, para calmar la tormenta popular”.
Hariri, que dimitió el pasado 30 de octubre, ha rechazado formar parte del nuevo Gobierno al igual que sus compañeros de coalición política. “No me dan miedo, les vamos a sacar de sus sillas”, declaró Sanaa el Sheikh, profesora de deporte de 29 años que llegó a Beirut este sábado junto con cientos de conciudadanos que se trasladaron en autobuses desde la norteña ciudad de Trípoli.
El país acumula una de las deudas públicas más importantes del mundo de casi 76.000 millones de euros, el 150% del PIB. Los economistas advierten de un inminente colapso financiero conforme la libra libanesa ha perdido hasta un 60% de su valor en las casas de cambio, rompiendo el tipo de cambio que se había mantenido en 1.507 libras frente al dólar desde 1997. Los cajeros y ventanas de instituciones bancarias han sido objetivo privilegiado esta semana de las pedradas y patadas de los manifestantes que por cuarto mes consecutivo hacen cola a las puertas de unos bancos que han impuesto un control informal en la retirada de capital. De proceder a una devaluación oficial, advierten los expertos, la mitad de los 4.5 millones de libaneses caerán bajo el umbral de la pobreza.
En un país donde las infraestructuras se caen a pedazos y los cortes de electricidad oscilan entre tres y 12 horas diarias, la agenda doméstica ha sido desterrada la última década de la prioridad gubernamental debido al desafio de seguridad que ha supuesto la vecina guerra en Siria, el consiguiente influjo de 1,5 millones de refugiados y el desborde de miles de yihadistas a su territorio nacional.
FUENTE: EL PAÍS