Más de 3.300 personas tuvieron que abandonar en las últimas semanas sus viviendas en zonas rurales de Tumaco, en el suroeste de Colombia, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, confirmó el Gobierno local tras declarar la emergencia humanitaria.
Angulo emitió una alerta tras presentar un censo de víctimas de desplazamiento, en el que se contabilizaron 1.179 familias afectadas, que representan más de 3.300 personas, desde el pasado 20 de diciembre, debido al recrudecimiento de los choques armados.
El pasado 19 de enero, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, visitó la zona donde dijo haber constatado la emergencia humanitaria producto de la violencia.
La misión liderada por Negret “ingresó hasta la vereda Calabazal, constatando que la mayoría de los hogares se encontraban deshabitados y el río con baja afluencia de embarcaciones locales”, agregó la Alcaldía.
Tumaco, en el departamento de Nariño, es una de las zonas más convulsas del país, donde disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales intentan establecer su dominio para controlar las siembras y producción de coca, el tráfico de drogas y la minería ilegal.
Según un informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas, como Tumaco, “sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos”.
En ese sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su “seria preocupación” por los repetidos asesinatos en Colombia de líderes sociales y excombatientes de las FARC y reclamó “acciones efectivas” para mejorar la seguridad.
Según denunció la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2019 y, en tan solo tres semanas del 2020, la cifra es de alrededor de 20 muertos.