Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El sur de Venezuela es un territorio sin ley. O más bien, está regido por una especie de ley del talión que ejercen los llamados sindicatos del oro, grupos delictivos que se han apoderado del control de las minas de oro en varios poblados de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Human Rights Watch reveló este martes en un informe los niveles de violencia que arropan la fiebre aurífera, por la que se han movilizado venezolanos de todo el país en busca de la subsistencia en las minas y de la que también se vale el gobierno de Nicolás Maduro para atravesar la sequía de ingresos tras la caída de la producción petrolera y las sanciones internacionales.
El informe contiene testimonios de algunas de las 21 personas que entrevistó la organización a finales del año pasado y que habían trabajado en minas próximas a Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo en los últimos dos años; así como también de otras 15 entrevistas a líderes indígenas, activistas y periodistas que han hecho cobertura en terreno.
Entre los relatos se incluye el de una mujer que vio cuando a otra que fue acusada de robar un pantalón le cortaron las manos con un machete. Otro hombre que trabajó como minero relató que un día, mientras almorzaban, le cortaron la mano a un compañero que supuestamente se había robado un teléfono. Al supuesto ladrón se lo llevaron y no se supo más de él. Un mes después el mismo testigo de este hecho vio cómo a una mujer que supuestamente había tomado 10 gramos de oro de otro trabajador la ataron a un árbol y le cortaron la cabeza con una motosierra frente a todos. “Tengo todo grabado en mi mente. Me fui de la mina atemorizado”, dijo a HRW. “Otro hombre contó que un miembro de un sindicato hizo que un niño de 17 años, acusado de robar oro, pusiera ambas manos juntas, como si estuviera rezando, y le efectuaron siete disparos directos a las manos”.
Los entrevistados también describieron severas condiciones laborales en las minas, que incluían cumplir turnos de 12 horas sin equipos de protección y la presencia de niños trabajando con los adultos. A esto suma, la crisis sanitaria que ha desatado la minería ilegal masiva al disparar la malaria en el país, con más de un millón de casos registrados al cierre de 2018.
Las desapariciones y las masacres en las minas del sur del país vienen ocurriendo desde hace más de cinco años. La Comisión de los Derechos Humanos y Ciudadanía ha reunido 51 denuncias de personas con paradero desconocido en los municipios mineros de Bolívar entre 2012 y 2019. En 2016 ocurrió una de las matanzas más grandes. En el pueblo de Tumeremo se reportó la desaparición de 28 mineros y días después se encontraron 17 de los cuerpos en una fosa común. En noviembre pasado fue denunciada la muerte de ocho pobladores del territorio indígena Ikabarú, de la etnia pemón, que forma parte del Arco Minero del Orinoco, tras un enfrentamiento con bandas.
El estado Bolívar es el segundo más violento del país, de acuerdo al reporte de 2019 del Observatorio Venezolano de Violencia. Los municipios donde se desarrolla la minería, como El Callao, tienen tasas de homicidio sobre las 300 muertes cada 100.000 habitantes. HRW también corrobora en sus entrevistas denuncias como las que ya ha hecho International Crisis Group sobre la presencia activa el grupo armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al menos una organización disidente que se formó con miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que entran en pugna por el control de la zona con los sindicatos e incluso con funcionarios y militares venezolanos.
Oro de sangre
“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”.
Desde la creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco, un territorio para la explotación de minerales que ocupa 12% del país, el gobierno de Maduro ha entregado concesiones a algunas empresas para operar en la zona, pero hay opacidad total sobre la cantidad de oro que se ha extraído y sumado a las arcas del Banco Central de Venezuela. Las denuncias de contrabando de oro, que indican que minería ilegal supera a la autorizada son reiteradas en este informe y también ha sido corroborada en imágenes de satélite que muestran el avance de la deforestación del Amazonas venezolano.
Durante su reciente gira por Europa, el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente interino por unos 60 países, insistió en pedir acciones para evitar el tráfico de oro venezolano a ese continente, extraído en condiciones que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como se ha hecho con los llamados “diamantes de sangre” africanos. Solo Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela sobre la comercialización del mineral y además vetó a la empresa estatal Minerven. Washington tomó esa medida hace menos de un año, en marzo de 2019, justo después de que Uganda denunciara que 7,4 toneladas de oro venezolano habían ingresado a ese país sin pasar controles aduaneros y que Reino Unido le negara a Maduro el retiro 1.200 millones de dólares (unos 1.050 millones de euros) en oro del Banco de Inglaterra.
FUENTE: EL PAÍS
