Domingo, 24 de Noviembre del 2024 
La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) abrió diez investigaciones en ochos departamentos del país por sobreprecios en las compras de mercados para familias pobres por la emergencia del coronavirus y otras irregularidades.
“Hoy estamos abriendo 10 procesos en ocho departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”, manifestó en un comunicado el procurador general, Fernando Carrillo.
Según el jefe del Ministerio Público, mandatarios locales “están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones”.
A raíz de denuncias ciudadanas sobre supuestos sobreprecios en los mercados comprados por alcaldes y gobernadores para entregar a las poblaciones más vulnerables, la Procuraduría decidió investigar contratos en los departamentos de Meta, Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca, San Andrés y Tolima.
En los contratos fueron encontradas irregularidades por más de 800.000 millones de pesos (unos 205 millones de dólares) no solo en la compra de víveres sino también por servicios publicitarios e incluso para hacer una producción digital para un hospital.
“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, afirmó Carrillo.
En el departamento del Cesar, por ejemplo, se investigan presuntos sobreprecios de más del 50 % en 29 contratos, que no están publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
Dichos contratos ascienden a más de 13.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) para la compra de 100.000 mercados, “que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50 % menos de lo que le están cobrando a la Gobernación” que los adquiere al por mayor.
Investigaciones y sanciones
La Procuraduría detalló que, junto a la Contraloría General y la Fiscalía de la Nación, dispuso del programa “Transparencia por la emergencia” para vigilar con herramientas analíticas la ejecución de contratos por la emergencia de la COVID-19.
El procurador manifestó que los delitos que constaten la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”.
“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres”, añadió Carrillo.
