Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Por cuarto año consecutivo sigue bajando el número de ejecuciones en el mundo. Así lo suscribe el último informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, hecho público ayer. La cifra de ejecuciones en 2019 fue la más baja de los últimos diez años, situándose en 657 personas, lo que supone un 5% menos que en 2018 (690), año en el que la cifra ya decreció en un 31% respecto a 2017 (993). En 2016 el número de ejecuciones ascendió a 1.032, y el año anterior la cifra fue de 1.634 personas ajusticiadas.
«La pena de muerte es un castigo aberrante e inhumano, y no existen pruebas convincentes de que sea más eficaz que las penas de prisión. La inmensa mayoría de los países así lo han reconocido y es alentador ver que las ejecuciones continúan disminuyendo en todo el mundo», afirma Clare Algar, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
Contra la disidencia
Sin embargo, no todos los países cumplen con esta premisa. Es el caso de Arabia Saudí donde las ejecuciones se han incrementado (184, frente a las 149 de 2018, siendo la mitad de ellos extranjeros), al igual que en Irak (más de un centenar). «El creciente uso que Arabia Saudí hace de la pena de muerte, entre otras cosas como arma contra la disidencia política, constituye una alarmante novedad». El informe de AI recuerda la ejecución masiva, celebrada el 23 de abril de 2019, de 37 personas «entre ellas 32 hombres chiíes condenados por “terrorismo” tras juicios que se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura», señala la ONG.
Lo que no ha variado respecto al año anterior, es el ránking de países que encabezan la aplicación de la pena capital en el mundo, liderado por China, donde «presumiblemente asciende a varios miles» pero de las que no existen cifras oficiales; seguida por Irán (251), Arabia Saudí, Irak, que las ha duplicado en 2019, y Egipto.
Según el informe de AI, sólo 20 países son responsables de todas las ejecuciones conocidas realizadas en el mundo. Entre ellos, Arabia Saudí, Irak, Sudán del Sur y Yemen, que «ejecutaron considerablemente a más personas en 2019 que en 2018».
Si bien la ONG se congratula de que algunos países estén aboliendo la pena capital o estén dando pasos en esa dirección –Afganistán, Taiwán, Tailandia, Kazajistán, Malasia, Kenia, Gambia–, lamenta que otros las estén «reintroduciendo», como sucede en Filipinas, país gobernado por Duterte, para frenar la droga y la corrupción; y Sri Lanka, tras los atentados de 2019.
