“La Fiscalía no se va a permitir que servidores públicos se sirvan de los recursos públicos”, aseguró el fiscal general, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa conjunta con el procurador, Fernando Carrillo, y el contralor, Carlos Felipe Córdoba.

 

El organismo imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes del país por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, suscripción de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.

 

La decisión recae sobre los alcalde de Armenia y Calarcá (Quindío), Malambo (Atlántico), Cereté (Córdoba), Socorro (Santander), San Pedro (Valle del Cauca), San Antonio (Tolima) y Coveñas (Sucre), así como sobre los de Guaduas (Cundinamarca), y Palocabildo (Tolima), que ya fueron detenidos.

 

Barbosa también anunció que tras la revisión de más de 3.000 contratos suscritos durante la contingencia, la entidad tiene en marcha 189 investigaciones, 393 inspecciones y 68 indagaciones, así como se han cumplido 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.

 

La Fiscalía, que tiene abiertas indagaciones contra 14 gobernadores, también llamará a interrogatorio a otras diez personas como indiciados, aplicará 23 imputaciones y solicitará medidas de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos.

 

El ente ha encontrado otras irregularidades como el posible direccionamiento ilícito para favorecer a contratistas, suscripción de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documentos públicos y privados y apropiación ilícita de recursos públicos, entre otros.

 

“No es un proceso de linchamiento a funcionarios, es un proceso de moralización de las acciones públicas”, explicó Barbosa.

 

 

La Contraloría General, que ha revisado contratos por 3.1 billones de pesos (unos 814 millones de dólares) relacionados con la atención del coronavirus, abrió 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos que alcanzan los 420,000 millones de pesos (unos 111 millones de dólares).

 

Por un presunto sobrecosto del 100 % en la compra de un millón de tapabocas, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra dos oficiales de la Armada Nacional y la empresa contratista.

 

El organismo también anunció procesos de responsabilidad fiscal contra varios mandatarios territoriales, entre ellos el alcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero Calle, y varios funcionarios de su administración porque presuntamente generaron o contribuyeron en la generación de daño patrimonial.

 

Los otros mandatarios implicados fueron la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y los alcaldes de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez; de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve , y de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina.

 

“Ahora no esperamos que las críticas sean bajo el denominado ‘cójanlo, cójanlo’ y después ‘suéltenlo, suéltenlo’, porque estamos atacando las corruptelas que existen en el país […]. Bajo la tutela de los tres organismos podemos atacar el mal pandémico de la corrupción”, manifestó Córdoba.

 

En el mismo escenario, el procurador Carrillo, anunció que el Ministerio Público tiene activos 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías.

 

“Las acciones de las tres entidades coinciden en un punto de convergencia en donde se han dilapidado los recursos públicos, en donde se han cometido irregularidades no solo disciplinarias, sino además con incidencia penal”, aseguró Carrillo.