Viernes, 20 de Septiembre del 2024 
La Fiscalía no ha terminado la investigación por el caso de violación de una menor indígena en el departamento de Risaralda que ya tiene privados de la libertad a siete militares.
El ente acusador, que logró en tiempo récord la judicialización de siete uniformados, mantiene la investigación para establecer si se tipificaron otros delitos.
Esto porque algunos de los integrantes de la comunidad han señalado que la menor habría sido secuestrada antes de la violación.
La Directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, le dijo a EL TIEMPO que las actividades investigativas se mantienen y que “en el evento de encontrar evidencias de nuevos delitos se procederá”.
Esto podría llevar a una nueva imputación, lo que agravaría la situación de los uniformados, quienes ya se exponen a una pena máxima de 30 años de cárcel.
La funcionaria señaló, frente a las críticas de algunos sectores, que se imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, porque con las evidencias que se tenían como parte de la investigación, era lo que correspondía.
A su tuno, el Fiscal General, Francisco Barbosa, sostuvo que el proceso fue un éxito pues en 72 horas se logró investigar, individualizar, llevar a imputación y lograr la aceptación de cargos de los uniformados vinculados al atroz hecho.
