Las autoridades capturaron a ocho presuntos implicados en el atentado terrorista de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que en enero del año pasado dejó 22 muertos y 66 heridos.
“Se logró la captura de ocho personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado (…) al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la escuela”, dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa.
En la operación las autoridades intervinieron “nueve bienes, entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos”, añadió el fiscal quien compareció junto al presidente colombiano, Iván Duque; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el comandante de la Policía, general Óscar Atehortúa.
El atentado fue perpetrado el 17 de enero de 2019 con un carro bomba cargado con 80 kilos del explosivo pentolita que fueron detonados dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá, lo que costó la vida a 22 cadetes, entre ellas una ecuatoriana.
Entre los capturados, detalló el fiscal, figuran Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, que recibió al parecer órdenes directas del comando central (Coce) del ELN para planificar las actividades que derivaron en el atentado, y Carlos Arturo Marín Ríos, acusado de escoltar en una motocicleta la camioneta con la que se perpetró el ataque.
También fueron detenidos Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas comercializadoras de quesos con las cuales se cree que se financió la acción, y Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, sobre quien hay “evidencia que también la involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado”.
Los demás capturados son Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani; Jessica Catherine Barrientos; Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos, y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas.
Esas ocho personas, afirmó Barbosa, tendrán que responder por los delitos de “homicidio en persona protegida en concurso homogéneo” y “tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo”.
Incautación de bienes
Sobre los bienes intervenidos, el fiscal señaló que su valor asciende a 2.000 millones de pesos, y que con eso se puso fin “a una actividad comercial de venta de lácteos que habrían servido para las actividades de inteligencia y adquisición de medios logísticos para realizar el atentado”.
Esa parte de la operación se ejecutó en Bogotá; en Zipaquirá, municipio cercano a la capital; en Manizales, capital del departamento de Caldas, y en una zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca, región fronteriza con Venezuela.