Domingo, 6 de Abril del 2025 
Desde las siete de la mañana de este miércoles se encuentran en Palacio el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, y los integrantes del equipo jurídico.
En la tarde de este martes, el alto tribunal informó que después de evidenciar “una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la Fuerza Pública en las manifestaciones ciudadanas”, le ordenó al Presidente de la República, y a todas las demás autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva.
La decisión de seis de los ocho magistrados de la Sala amparó los derechos de un grupo de 49 personas y por ello solicita implementar un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana’.
Se trata de un fallo histórico en el que, por primera vez, un alto tribunal se pronuncia de fondo y da varias órdenes frente a hechos de brutalidad policial y los excesos en el uso de la fuerza contra la protesta pacífica.
En ese fallo, de 171 páginas, que generó controversia en la misma Corte y en el que dos magistrados salvaron su voto, el alto tribunal evaluó varias pruebas, videos y testimonios de hechos en Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla en los que el Esmad, la Policía y hasta el Ejército intervinieron de forma arbitraria en las manifestaciones del paro nacional del 2019.
Entre los casos evaluados, la Corte tuvo en cuenta los videos sobre la muerte del joven Dilan Cruz, quien falleció al recibir un proyectil disparado por una escopeta de un agente del Esmad; la patada en la cara que recibió una mujer durante una manifestación en Bogotá; las golpizas que sufrieron varios estudiantes cerca de la Universidad de los Andes y la detención arbitraria de uno de ellos, o la disolución de una protesta pacífica en la plaza de Bolívar con gases.
También valoró varias condenas del Consejo de Estado y hasta de la Corte IDH por excesos y arbitrariedad en el uso de la fuerza.
