Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, adelanta lo que viene en informalidad y otros frentes.
Sin haber cumplido un año como ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera ya tuvo que lidiar con la pérdida de 5,4 millones de empleos en el momento más crítico de la pandemia, y la puesta en marcha de iniciativas, pegadas al plan de reactivación económica, para recuperarlos.
¿Qué balance hace del empleo y el desempleo en el año pasado?
La fragilidad del mercado laboral se vio evidenciada, así como la de muchas pequeñas y medianas empresas; eso nos obliga a revisar esa estructura empresarial. La nueva ley de emprendimiento apunta, justamente, a fortalecer a las pymes; para sacar adelante esa tarea, también estoy invitando a las cámaras de comercio; de igual modo, se evidenciaron mucho más las brechas laborales de género y de jóvenes.
También puedo decir que en 2020, el Gobierno Nacional, en general, tomó las medidas que tenía que tomar para enfrentar los efectos de la pandemia sobre el empleo. Muestra de eso es que la tasa de desempleo hoy ya es la misma que teníamos hace un año. Puedo decir, en lo personal, que si bien todavía no salimos de la pandemia, lo más fuerte lo superamos. Vamos a continuar con el impulso que traíamos en 2019.
Pero esa perspectiva se afecta con las nuevas restricciones…
Estamos optimistas con el dato de desempleo que presentará el Dane sobre la tasa de desempleo de diciembre, que bajará al 13 por ciento; ahora, se vienen estas restricciones y cuarentenas que, seguramente, harán que tengamos otro bache fuerte en enero. Ojalá podamos salir adelante lo más pronto posible.
Analistas señalan que el empleo recuperado se ha dado vía informalidad…
La manera de establecer eso es con los aportes que se hacen mediante la Pila, que son de empleos formales. En enero del 2020 teníamos 9’552.000 puestos de trabajo, una cifra que se mantuvo en marzo, cuando entró la pandemia. Para octubre, el reporte era de 9’542.000. Esto me indica que hasta ese mes el empleo formal, comparado con el de comienzos del 2020, se sostuvo, con una diferencia de unos 10.000 puestos de trabajo. Ahora, estamos haciendo un análisis cuidadoso de lo ocurrido, cruzando datos definitivos de aportes Pila, solicitudes de subsidio de desempleo, número de contratos suspendidos, entre otros. Esto nos dirá con certeza qué pasó.
Volviendo a la brecha laboral de género, ¿qué en concreto se estudia para enfrentarla?
En el mundo y en Colombia se está hablando de la necesidad de revisar el tema de la economía del cuidado, que son dos áreas. Una, la mujer que asume el cuidado de la casa y de los hijos, al tiempo que debe proteger su puesto de trabajo; y la otra es la de familias que también deben cuidar a personas enfermas o adultos mayores. Hay que profundizar en este tema, y aunque no tengo claro cuándo será, seguramente vamos a lanzar una propuesta en este sentido. Ya hay iniciativas en el Congreso, que estamos revisando.
¿Y en cuanto a la informalidad laboral?
Empezamos ya a trabajar en el tema y vamos a seguir avanzando con autoridades locales en estrategias particulares frente a sectores de vendedores ambulantes, que los alcaldes tienen identificados; ya empezamos a hablar de censos y estamos haciendo pilotos en ciudades capitales, como Cúcuta, Popayán y Barranquilla. El objetivo es llegarles, junto con las autoridades locales, a esos sectores con la propuesta de que se organicen. Les estamos ofreciendo alternativas fundadas en herramientas aprobadas, como el decreto de economía solidaria, con respecto, por ejemplo, a la capacitación en organización de cooperativas, que es un tema que se está impulsando, con el liderazgo de la Vicepresidenta de la República. Aquí recogemos una parte del sector informal.
¿Y qué pasó con el piso de protección social, que busca que quienes ganen menos de un mínimo aporten para su vejez?
Este es el primer paso a la formalidad; la idea es que los empleadores o patronos de ese sector informal formalicen la seguridad social de sus trabajadores aportando por cada uno el 15 por ciento del valor que devengan (14 puntos van a la cuenta de ahorro individual de cada vinculado al programa de Beneficios Económicos Periódicos, Beps). Los críticos han cuestionado el modelo, asegurando que esa será la pensión de estas personas. Y no es así.
Estamos trabajando en un decreto sobre movilidad, que permite que a una persona que tenga afiliación con Beps y se pase al sector formal ese tiempo se le convierta en semanas para su cotización. O al revés: si la persona no alcanza a cumplir el número de semanas para su pensión, y tiene una edad avanzada, esos ahorros se pueden convertir en Beps con un subsidio del Estado, y de este modo se garantiza su protección para la vejez.
Se habla del riesgo de que los empleadores, por ahorrarse una plata, afilien sus trabajadores a Beps…
Eso de pasar trabajadores formales a piso de protección social no es tan fácil. Para empezar, no hay tal ahorro para el empleador, porque le estamos cobrando el 15 por ciento, y por el lado de los aportes parafiscales, tampoco es que gane mucho. Cabe tener en cuenta que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) controla todas las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social; lanzará alertas cuando una persona salga de un sistema y pase a piso de protección social. Y le hará control. En febrero se lanza el programa, con un Seguro Inclusivo, que estamos reglamentando.
¿De qué se trata?
Los trabajadores que estén en el piso de protección social van a tener, fuera de contar con salud, algunas garantías, como caja de compensación familiar, y si es mujer, la posibilidad de que se le reconozca una ayuda, que estamos construyendo con las compañías de seguros, en su etapa de maternidad. De este modo, el piso de protección social empieza a darles formalidad a empleadores y trabajadores.
¿Cómo va el estudio de brechas entre el recurso humano que requiere el sector productivo y el que está disponible?
Para los próximos meses vamos a tener unos 70 a 80 estudios de brechas que se han construido preguntando a cada sector por qué no puede crecer su nómina y por qué no ha podido llenar ciertas vacantes. Importante mencionar que vamos a implementar el Servicio Público de Empleo (SPE), que recibirá solo muy buenas hojas de vida de personas que estén buscando trabajo para conectarlas con los empleadores. Proyectamos para este año 600.000 posibilidades de empleo por esta vía, en los sectores público y privado.
¿Y las conclusiones de la Misión de Empleo?
El compromiso es que a finales de enero entregará la primera parte; finalizando febrero ya tiene que haber una propuesta que podamos entregarle al país.
¿Cómo va el trámite del proyecto de ley que reglamenta el trabajo en casa?
Voy a pedirle al señor Presidente que hagamos unas pequeñas extras antes del 16 de marzo, para que continúe su trámite y podamos sacarlo adelante.
Fuente: El Tiempo