Domingo, 24 de Noviembre del 2024 
Las elecciones para Congreso y Presidencia de la República serán, a no dudarlo, el principal hecho político de 2022. No solo por la forma en que pueda cambiar el mapa político y partidista, sino porque es claro que los candidatos y coaliciones que pujan por la sucesión de Iván Duque y la primacía parlamentaria tienen marcadas diferencias sobre el modelo y rumbo del país a partir del 7 de agosto.
A diferencia de los comicios generales de las últimas dos décadas, en los que existía polarización alrededor de cómo solucionar el conflicto armado, ya fuera por la vía de la fuerza militar o la negociación política, en las elecciones del año que comienza ese es un aspecto que no está entre las prioridades, pese a que hay un evidente rebrote de la violencia regional a manos de grupos armados ilegales y el debate en torno a los puntos altos y bajos del acuerdo de paz firmado en 2016 se mantiene.
En ese orden de ideas, cuando los colombianos asistan a las urnas este 13 de marzo (comicios para Senado y Cámara así como votación de las consultas de las coaliciones interpartidistas para escoger candidato único a la Casa de Nariño) al igual que el 29 de mayo (primera vuelta de elecciones presidenciales) y el 19 de junio (segunda vuelta), no solo estarán escogiendo a los 296 integrantes del Legislativo y al nuevo Presidente y Vicepresidente del país, sino que decidirán si Colombia debe mantenerse en el sendero político, económico, social e institucional que hoy transita o si tendrá que cambiar de rumbo en muchos de estos aspectos prioritarios.
Pero el reto no se limita única y exclusivamente a la decisión crucial que debe tomarse al emitir cada voto, sino que también está condicionado por el escenario inédito en que deberán hacerlo los 38.863.281 ciudadanos habilitados para sufragar (al tenor de la última actualización del censo electoral el pasado 14 de diciembre).
Esto último porque las elecciones generales se realizarán teniendo como telón de fondo una crisis de magnitudes nunca antes vistas, como lo es la pandemia del covid-19, que tiene al país en emergencia sanitaria, económica y social desde marzo de 2020.
Una crisis que, como principal consecuencia política, ha marcado más de la mitad del actual mandato presidencial y que comenzando este 2022 continúa siendo el principal tema de la agenda gubernamental, sobre todo por el pico de la variante ómicron y la movilización de todo el aparato estatal para hacerle frente.
Es innegable que la pandemia ha condicionado todo el accionar político, económico, social e institucional del país como ninguna otra problemática en Colombia, pese a las dimensiones del conflicto armado, el narcotráfico y la corrupción en sus épocas más críticas.
A hoy es más que evidente que las actuales Presidencia y Congreso poco se han podido desmarcar del plan de contingencia sanitario, e incluso queda claro que sus respectivas agendas de cierre, en los escasos meses que les restan, estarán focalizadas en la evolución de la amenaza pandémica.
Mapa político
Pero no solo ha sido el Parlamento y la Casa de Nariño los que han tenido que marchar al ritmo de la emergencia sanitaria. También les ha tocado afrontar la misma situación a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles elegidos en octubre de 2019 y que se posesionaron el 1 de enero de 2020.
Como se recuerda, en esos comicios regionales y locales hubo un revolcón de proporciones en el mapa político departamental y municipal, ya que las principales alcaldías del país quedaron en manos de mandatarios de izquierda, alternativos o de corte independiente. Aunque los partidos tradicionales demostraron su alto afincamiento regional, es claro que Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Bucaramanga pasaron a otras manos.
No pocos analistas de ese nuevo mapa político de 2019 pronosticaron que el ejercicio de los alcaldes y gobernadores elegidos en la orilla opuesta al gobierno Duque y su coalición partidista sería la cuota inicial del pulso ideológico que imperaría hasta los comicios del 2022. Sin embargo, la pandemia irrumpió cuando los nuevos mandatarios regionales y locales apenas si llevaban tres meses en el cargo, poniéndose como primera prioridad en sus agendas, condición que ha marcado sus dos años de gestión.
Así las cosas, ese gran pulso ideológico y político que se presagiaba entre el Gobierno nacional con los alcaldes y gobernadores de otra orilla nunca se dio. Apenas si hubo algunos cortocircuitos en materia de manejo de la pandemia y la ola de paros de mediados de este año, pero no la competencia programática y partidista que se esperaba de cara al 2022.
También resulta evidente que el pulso entre el Gobierno y la oposición si bien se ha mantenido de forma insistente, en realidad no ha generado hechos políticos determinantes, más allá de los cruces de señalamientos y réplicas, los rifirrafes discursivos en el Congreso (en donde el sector contradictor no ha podido imponerse a las mayorías de la coalición oficialista) y el ‘ring’ de 24 horas en que convirtieron las redes sociales.
Es más, bien podría decirse que el hecho político-electoral más importante de los últimos dos años (es decir, de forma paralela a una pandemia que dejó en segundo plano el resto del escenario) no fue interno, sino externo. Y es el referido a la forma en que la izquierda ha regresado al mando de varios países latinoamericanos como México, Honduras, Perú, Bolivia, Argentina y -el más reciente- Chile. No se cuenta en este listado la persistencia de los regímenes autoritarios de Nicaragua, Cuba o Venezuela, ya que allí no imperan las libertades democráticas.
De hecho, en Colombia no deja de llamar la atención que aunque un candidato de izquierda como el senador de Colombia Humana y exaspirante presidencial en 2018, Gustavo Petro, vaya encabezando las encuestas de preferencias electorales, con segundo lugar de un outsider político como el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en la mayoría de los sondeos cuando se les pregunta a los consultados su orientación política, ganan los que se ubican como de centroderecha.
Incluso -en un hecho de alta incidencia política y electoral-, el presidente Duque cierra este 2021 con un margen de favorabilidad potable, con un promedio del 40%, producto en gran parte del reconocimiento ciudadano al manejo dado a la crisis pandémica, una reactivación económica que podría llevar al país a cerrar el año con un crecimiento del PIB cercano al 10% y, sobre todo, por la aplicación de una política social sin antecedentes y de amplio espectro, en medio de la cual se han destinado billonarios recursos para asistir a los sectores más golpeados por la contingencia sanitaria e incluso semanas atrás se aprobó un aumento del salario mínimo mensual que no se veía desde hace más de dos décadas.
Esas mismas encuestas son las que señalan que las prioridades de la ciudadanía no están puestas hoy en temas imperantes en el pasado, como el conflicto armado, el pulso por el acuerdo de paz, el narcotráfico o la corrupción, sino por circunstancias más inmediatas al día a día de la población, como el desempleo, la escalada inflacionaria, la inseguridad urbana o el aumento de los índices de pobreza, asuntos en donde la pandemia es una causa transversal.
5 dudas a despejar
En ese orden de ideas, son cinco las grandes dudas o incógnitas a despejar en este primer semestre electoral.
En primer lugar, es evidente que la contienda por la Casa de Nariño arranca este 2022 con un escenario inédito, en donde asoman tres grandes coaliciones interpartidistas: la de Equipo Colombia, claramente de centro derecha y en la que competirán por la candidatura única los exalcaldes Alejandro Char, Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa, así como el senador conservador David Barguil. Aunque también está la exgobernadora y directora única de La U, Dilian Francisca Toro, ella no ha oficializado su aspiración. Completa la baraja el exministro Juan Carlos Echeverry.
En segundo lugar, está la coalición de Centro Esperanza, más afincada en la centroizquierda, y en donde figuran el excandidato presidencial de 2018 Sergio Fajardo, los exsenadores liberales Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, el congresista ex-Polo Jorge Enrique Robledo así como el exgobernador verde Carlos Amaya y el exministro de Salud Alejandro Gaviria.
El tercer bloque es el del Pacto Histórico, claramente de izquierda. Es encabezado por Petro, junto a la líder afrodescendiente Francia Márquez, el exgobernador Camilo Romero y el pastor cristiano Alfredo Saade.
En ese orden de ideas, la primera gran incógnita a despejar es cuántos de esos precandidatos llegarán efectivamente a la consulta interpartidista de marzo próximo y cuál será la coalición que más votos logre sumar en esa jornada.
Está visto que la contienda presidencial tendrá tres ‘vueltas’, la primera de las cuales será el mismo día de las parlamentarias. Tras lo ocurrido en 2018, en donde Duque y Petro ganaron sus consultas y luego no soltaron el liderato hasta el balotaje final, es claro que en 2022 este ejercicio interpartidista previo será aún más definitivo en la carrera por la Casa de Nariño.
La segunda incógnita será, precisamente, cómo quedará compuesto el Congreso, al ser evidente que dos de las tres coaliciones presentaron listas propias al Senado y algunas cámaras (Pacto Histórico y Centro Esperanza, aunque a esta última se le escindió la del Nuevo Liberalismo).
Es una circunstancia inédita ya que en 2018 los partidos que integraron las coaliciones de Duque y Petro presentaron sus propias planchas al Congreso y compitieron tú a tú con el resto de colectividades. Ahora, con listas en bloque interpartidista, es obvio que habrá un mayor vaso comunicante entre la coalición presidencial y su lista parlamentaria.
Además, habrá un impacto político y electoral derivado de que bancadas como las del Polo, Alianza Verde y Decentes se incorporaron a coaliciones, en tanto que las tres máximas votaciones de 2018 (el expresidente Álvaro Uribe, el exalcalde Antanas Mockus y el senador y hoy precandidato Robledo) no se postularon.
Así las cosas, pase lo que pase en las urnas el 13 de marzo, definitivamente cambiará el mapa político del Legislativo, por más que alrededor del 60% de los actuales senadores busque repetir escaño. Otro elemento inédito es que se elegirán por primera vez 16 curules nuevas en la Cámara con destino a las víctimas del conflicto, a escogerse en igual número de circunscripciones territoriales pequeñas…
Una tercera incógnita con que arranca este 2022 es qué pasará con aquellos partidos que aún no se han definido en cuanto a la contienda presidencial. El Centro Democrático, principal partido de gobierno y cuna política de Duque, no ha podido entrar a la coalición de Equipo Colombia. Cambio Radical y el liberalismo, dos de los partidos más fuertes en materia de bancada parlamentaria, tampoco se han jugado por alguna coalición o candidato en específico.
Es apenas claro que una vez esas tres colectividades destapen sus cartas, el escenario de la campaña y de los potenciales electorales cambiará. Incluso, no está descartado que los movimientos solo se den después de las consultas interpartidistas, en donde uribismo, Cambio y liberales se jugarían conociendo ya el resultado del primer pulso en las urnas, un dato clave sin duda alguna.
La cuarta duda por despejar antes de que termine el primer trimestre se refiere a si, luego de las consultas interpartidistas y la definición de los candidatos únicos de las coaliciones de izquierda y de centroizquierda, que muy posiblemente serían Petro y Fajardo, se podría abrir paso una alianza entre esos dos bloques o si, por el contrario, se van cada uno por su lado a la primera vuelta en espera de clasificar directo a la segunda. Como se sabe, en este 2020 pese a las múltiples propuestas del senador de Colombia Humana, la coalición fajardista siempre se opuso a formar esa llave política.
Y, por último pero no menos importante, la quinta incógnita se refiere a si Equipo Colombia dejará entrar a ese bloque al uribismo y su candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, antes o después de la votación de las consultas interpartidistas. Por ahora lo mantienen a distancia pero es claro que Fajardo y Petro son dos candidatos muy fuertes (como ya lo demostraron en la primera vuelta de 2018) y sería un riesgo para la centroderecha llegar dividida a los comicios del 29 de mayo, ya que podría correr el peligro de quedar en tercer lugar y perder la posibilidad de competir por la sucesión de Duque.
Escenario móvil
Como se dijo, el escenario de la campaña es inédito pero hay algunos temas que, desde ya, van tomando un peso específico en la competencia por los votos.
De un lado, por ejemplo, está claro que la permanencia en el tiempo de los subsidios y demás ayudas sociales extraordinarias adoptadas al amparo de la pandemia será un asunto clave en la campaña. De hecho, ya existe una polémica muy movida al respecto entre la amplia nómina de precandidatos.
Aquí entran muchos elementos en juego, que van desde cómo mantener el ritmo de la reactivación económica, disminuir el desempleo y atajar la inflación, hasta decisiones más de fondo sobre promesas electorales relacionadas con una nueva reforma tributaria o cómo mantener o marchitar la actividad petrolera y minera… De hecho, la polémica alrededor de las propuestas de Petro, quien encabeza las encuestas, podría desacelerar el clima de negocios e inversión en el primer semestre, esto mientras se aclara el panorama político y el rumbo que tomará el país a partir del 7 de agosto.
De igual manera, es evidente que debido a los cambios geopolíticos en el continente, con el avance de la izquierda, sobre todo en el vecindario suramericano, uno de los asuntos centrales de la competencia electoral es si a Colombia le conviene o no entrar en la misma onda política e ideológica. Si bien el discurso del riesgo de caer en el ‘castrochavismo’ o en el ‘trumpismo’ perdió ya mucho eco, es claro que a medida que pasen las semanas Petro se erigirá cada vez más como el rival a vencer por el resto de los aspirantes, ya sean de centroizquierda o centroderecha. Y allí, el dimensionar los riesgos o las ventajas de los gobiernos de izquierda se convertirá en un discurso político principal y reiterado.
Igualmente está visto que hay un amplio menú de reformas pendientes en materia política, económica, social, tributaria, pensional, judicial, ambiental y en muchos otros campos. Cada candidato ha ido destapando sus cartas al respecto y una vez la ciudadanía se vaya imbuyendo más en la contienda electoral (lo que arrancará desde la segunda quincena de enero en adelante), es probable que el escenario de las encuestas y preferencias pueda empezar a variar.
También resulta claro que temas álgidos como si debe ajustarse o no el acuerdo de paz firmado con las Farc, el énfasis de la lucha antidroga, la definición de posturas sobre aborto o la eutanasia, la agenda ambiental o cómo atacar los picos de inseguridad urbana o las medidas para frenar al Eln, las disidencias y reincidencias de las Farc y demás bandas criminales, entre muchos otros asuntos de alta preocupación e impacto ciudadano, serán determinantes para ir despejando el panorama electoral semana tras semana.
Sin embargo, si la pandemia vuelve a niveles críticos y se afinca como la principal prioridad y preocupación nacional, entonces mucha de esa agenda temática seguirá o volverá a un segundo plano, y la competencia se enfocará en quién podría ser el candidato más adecuado para seguir poniéndole el pecho a la más grave emergencia de las últimas décadas… Esa es, de todas las mencionadas, la más grande incógnita que el 2022 político y electoral debe despejar.
Fuente: El Nuevo Siglo.
