Ha pasado más de un mes desde que Fredy Morales salió desplazado de San Rafael por amenazas justificadas en su labor como defensor social y ambiental. “Eso a la gente no le gusta. A usted ya lo tenemos identificado, usted y otros más (…) la orden es ‘quebrarlo’ ahora mismo”, cuenta que le dijeron dos hombres que se transportaban en una moto, cerca al puente Arenales, en el mismo municipio.
Fredy tomó sus maletas y se fue en la noche del mismo día –el 4 de enero– hacia Salento (Quindío), donde tenía la posibilidad de hacer un voluntariado. Sin embargo, el 20 de ese mes fue abordado por un hombre que afirmó conocerlo e insistió en que le diera su número de contacto, lo que Morales consideró sospechoso. Esto terminó en un segundo desplazamiento –el 22 de enero– que lo hizo retornar a Antioquia, aunque no a su tierra.
“Lo único que yo he hecho en San Rafael es defender el Río Churimo, acompañar los procesos regionales en defensa del agua”, cuenta. “No tengo otros enemigos más que ese modelo extractivista que va acabando con las montañas y los ríos en el territorio”, explica Fredy, quien ha sido activista opositor de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Churimo, que recibió licencia ambiental el pasado 27 de septiembre y cuya propietaria es la Empresa Clear Waters SAS, representada legalmente por Luis Fernando Hoyos, hermano de senador Germán Hoyos.
A propósito de la amenaza, el vocero de la empresa que construiría la PCH, Gustavo Londoño, aseguró: “Me sorprende eso. Nosotros no hemos tenido conocimiento de nada. Yo traté con líderes de allá, pero en un marco de debate público y a mí todo lo que me digan en contra, yo lo escucho, lo recibo”.
Cuestionamientos al proyecto
El jefe de la Oficina de Licencias Ambientales de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) –encargada de gestionar estas solicitudes–, Óscar Martínez, afirmó en un comunicado que la corporación “debe” licenciar el proyecto “si el usuario cumple con los requisitos de ley y presenta la información que se exige en los términos de referencia propuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. De esta manera, dio vía libre a la construcción de la PCH.
Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos de la licencia ambiental ha sido cuestionado por la comunidad, en especial por la Veeduría Socioambiental, creada el 6 de junio de 2020 con el único fin de seguir el proyecto que, según Cornare, tendría una potencia de generación estimada de energía de 4,5 MW, cifra 533 veces menor a la que produciría Hidroituango.
Por ejemplo, la Veeduría ha denunciado, en reiteradas ocasiones, que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no fue incluido el descubrimiento de nuevas especies, como la de un lagarto (Magdalenasaura leurosquama) y una especie de orquídea (Epidendrum scrotiforme).
Así mismo, no se habría valorado que en las veredas Falditas y Quebradona –separadas por el río y en las que incidiría el proyecto– hay 4 y 17 solicitudes de predios, respectivamente, a la Unidad de Restitución de Tierras, factor que no se consideró desde el impacto psicosocial, según la Veeduría.
Amenazas a líderes
Fredy hace parte de este seguimiento ciudadano y, de hecho, fue quien realizó el primer informe de control social, entregado el pasado 1 de diciembre. Pero no ha sido el único amenazado: en enero del 2021, antes de que se otorgara la licencia, el representante de la Veeduría también salió desplazado de San Rafael por amenazas y luego retornó.
Incluso el personero del municipio, Jaser Córdoba, fue intimidado en el mismo mes del año pasado, según cuenta, por haber respaldado la creación de la veeduría del Churimo. A estos tres casos se suma una cuarta amenaza reciente a otra persona que hace seguimiento al proyecto, pero que no ha querido denunciar por seguridad y miedo.
Adicional a esto, está el antecedente del 19 de octubre del año pasado, cuando ocurrió una masacre de cuatro jóvenes que tenían entre 16 y 26 años y fueron ultimados por ráfagas de subametralladora. Elkin Gil, Cristian Quintero, Santiago Cobo y Santiago Guarín estaban preparando una función de rap para, justamente, una acción de “juntanza” por el Río Churimo, que se realizaría el 22 y 23 de octubre en el municipio, como iniciativa de protesta pacífica frente a la concesión de la licencia.
A pesar de lo anterior, las autoridades competentes no han probado que la masacre esté relacionada de forma directa con el activismo ambiental que tenía en particular Santiago Guarín, uno de los jóvenes asesinados.
De hecho, para la Personería del municipio, el caso de Fredy es el primero que se conoce de amenazas en contra de un líder social en San Rafael. “Aquí ha habido muchos homicidios, pero las autoridades no han podido establecer que se trate de homicidios a personas con ocasión de liderazgo social en el territorio”, aseguró el personero Córdoba.
Precisamente, la visibilización de este caso, así como el respaldo que Morales destaca de la Corporación Conciudadanía y la Corporación Jurídica Libertad, hicieron posible una reunión con la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia, la cual le otorgó un apoyo económico por un salario mínimo mensual durante máximo tres meses (que se cumplirían el próximo 26 de abril), con el fin de contribuir a su reubicación transitoria.
Igualmente, le recomendaron adelantar la activación de ruta de protección individual con la Unidad Nacional de Protección (UNP), trámite que Morales comenzó en el departamento del Quindío, pero que se vio frenado con su segundo desplazamiento.
¿Y la pequeña hidroeléctrica?
A pesar de que la PCH Churimo recibió la licencia ambiental en septiembre, no han notificado a Cornare el inicio de su construcción. “Dentro de la licencia ambiental se estableció que el titular de la misma debería notificarnos al menos con un mes de anticipación el inicio de la obra y eso no ha sucedido hasta el momento”, expuso Oladier Ramírez, secretario general de Cornare.
“Hay incertidumbre de que el proyecto pueda iniciar o no. Es el dueño el que determina si encuentra una viabilidad económica, financiación… Hay otras variables que persisten”, aseguró Ramírez, quien explicó que de 27 proyectos de generación de energía de PCH que han recibido licencia ambiental en el Oriente, 7 han sido construidas.
Precisamente, el proyecto se encuentra en una etapa de evaluación de costo-beneficio “porque para nadie es un secreto todo este tema de la pandemia y que los costos se dispararon”, aseguró Gustavo Londoño, vocero de la Empresa Clear Waters SAS, quien insistió en que la obra traerá “desarrollo” a las comunidades que se han declarado “olvidadas” en las distintas audiencias asociadas con el proyecto.
Sin embargo, esto no da parte de calma ni confianza a los habitantes de San Rafael, pues refieren un antecedente en que el trámite se habría adelantado en un inicio de forma “silenciosa”, dado que “la licencia ambiental viene marchando desde el 20 de diciembre de 2016 (…) sin que las comunidades tuvieran claridades del proyecto”, según dice el informe de control social de la Veeduría, que, a la fecha, no ha recibido respuesta por parte de los dueños del proyecto ni de Cornare.
En el informe solicitan profundizar, además, en la forma en que se van a establecer las medidas de protección ambiental que implica un proyecto de esta magnitud, con algunos cuestionamientos que, a consideración de la Veeduría y desde su análisis, son suficientes para aplicar una intervención preventiva al proyecto por parte de Cornare y del Ministerio del Medio Ambiente.
A estos interrogantes se suma el que se relaciona con las garantías al liderazgo social. “En cuanto al oriente antioqueño, desde hace muchos años tenemos una hipótesis y es que cada vez que afloran esos liderazgos, vienen siendo silenciados por algunos actores, en algunos casos de orden paramilitar”, fue una de las explicaciones que le encontró Óscar Yesid Zapata, vocero de Proceso Social de Garantías (PSG) por la defensa de las y los defensores de derechos humanos de Antioquia, a la amenaza de líderes como Fredy.
“Creemos que en este escenario de lo que está ocurriendo en San Rafael no solo está la debilidad institucional, sino la falta de voluntad. Lastimosamente, situaciones como esta se van a seguir presentando por omisión, en algunos casos, y por otras razones que tengan que ver con relación directa entre algunos actores paramilitares y del Estado”, sentenció Zapata.
Por ahora, Fredy está a la espera de una respuesta por parte de la UNP, así como del adelanto de la investigación por parte de la Fiscalía. “Emocionalmente hay días en los que no me hallo. Hay días en los que estoy tranquilo, pero hay días donde estoy tan caótico que me pregunto todo el tiempo cuándo voy a salir de la situación de amenaza, cuándo voy a poder salir tranquilo a la calle, cuándo voy a poder salir a comerme un helado sin sentir que me van a matar”, manifestó.
Fuente: El Colombiano.
