Justamente, el presidente Iván Duque se refirió a este asunto, indicando que siempre se ha destacado por ser una persona provida, por lo que este falló le generó mucha preocupación porque piensa que con el aborto despenalizado se puede estar facilitando para que se convierta en una práctica anticonceptiva recurrente.
“Me parece que este fallo no solamente altera el principio de cosa juzgada frente al cual ya se había pronunciado la Corte. Me parece además delicado que en el alcance que se está poniendo sobre la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver una práctica recurrente y regular”, indicó el presidente Duque a la FM.
Además, el mandatario señaló que la Corte Constitucional rompe el principio constitucional de “cosa juzgada” al autorizar que las mujeres puedan abortar de forma libre hasta las 24 semanas. “Creo que aquí se está rompiendo el principio de la cosa juzgada constitucional, porque ya la Corte se había pronunciado sobre esa materia, hace bastante tiempo, hacia el año 2006″, expresó el jefe de Estado en declaraciones a los medios de comunicación.
Igualmente, Duque dijo que “estamos hablando no de una vida en gestación sino de una vida ya con expectativa de nacer. Estamos hablando de interrumpir una vida que tiene ya un proceso de evolución muy claro y me parece que en ese sentido no pueden cinco personas tratar de fijar un lineamiento para toda una nación en un tema tan sensible”.
Cabe recordar que la Corte avaló la despenalización de esta práctica con una votación de 5 a favor y 4 en contra, por lo que el presidente cuestionó que estos grandes temas de la sociedad no deberían ser discutidos por minorías.
Por su parte, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que respeta la determinación pero que no la comparte del todo. “Yo como mujer siempre defenderé los derechos de las mujeres, pero también los derechos de los niños y un bebé a los seis meses ya es un ser humano, hay bebés que nacen de seis meses, de tal manera que me parece que hay un asunto más allá de lo penal y que toca lo ético y moral que es muy difícil de considerar porque parecería a veces que más que deslegitimar, están legitimando el aborto, y me parece peligroso”, explicó la alta funcionaria a la radio colombiana.
Agregó también que, con esta decisión, “ahora corremos el riesgo de que se abra un montón de sitios para practicar abortos, sin cumplir condiciones, eso de que el Congreso va a legislar eso no es cierto, hace 10 años se produjo el fallo anterior, con la misma exhortación al Congreso para legislar y nunca sucedió, entonces lo que terminaremos nosotros de pronto es viendo a Colombia como un paraíso para que mucha gente venga abortar”, apuntó.
Conferencia Episcopal
De otro lado, la Conferencia Episcopal de Colombia dio su posición oficial frente a la determinación de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto.
En un comunicado firmado por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia y presidente de la Conferencia, junto con los obispos Omar Alberto Sánchez Cubillos y Luis Manuel Alí Herrera, manifestaron que pese a reconocer los dramas, esto deja de ser legitimo cuando se le niega la vida a otro ser humano.
“Reconocemos que, en no pocas ocasiones, la realidad del aborto responde a dramas humanos que acarrean múltiples dificultades y angustias para la madre y su entorno, especialmente cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual o se debe afrontar en condiciones de abandono, exclusión o penuria económica. En estos casos, cuando la mujer es víctima, es razonable que tanto la sociedad civil como el ordenamiento jurídico procuren su defensa y protección”, se lee en el comunicado.
No obstante, la Conferencia consideró que “la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo. No se puede ocultar o minimizar el hecho de que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad, quien tiene a su vez el derecho a formar parte de la familia humana”.
Agregaron que “sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución, no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida”.
Asimismo, los obispos aseguraron que “ante la vía abierta por la Corte, nos preguntamos entonces si no habría otros caminos que permitieran salvaguardar la vida de las madres junto con la de sus hijos todavía no nacidos. El problema del aborto no puede limitarse solo a la mujer gestante, sino que reclama la solidaridad de la entera sociedad”.
Además, recalcaron lo estipulado en la Constitución Política, en su artículo 95, que menciona que todos los colombianos tenemos el deber constitucional de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
“Ya que esta virtud permite crear alternativas de bien, allí donde el mal se enarbola como única opción, queremos ser los primeros en ayudar a encontrar la opción buena cuando el aborto parece ser la solución. Lo hacemos en nombre de aquel que vino a traer vida en abundancia, con la esperanza de que también el Estado, así como todos los compatriotas de buena voluntad, no escatimarán esfuerzos para proteger y promover la vida humana, aun en las circunstancias más complejas. Recurramos todos a esta solidaridad creativa en favor de la vida”, concluyeron.
Motivos de Corte Constitucional
Ante el debate formado en la sociedad colombiana sobre la despenalización del aborto, varios de los magistrados de la Corte Constitucional explicaron su voto frente a la decisión dictada por el alto tribunal.
En primer lugar, el Magistrado Julio Andrés Ossa aclaró que su voto se basó en que “conserva un importante margen de configuración para determinar cuál debe ser el tratamiento legal (no penal) del aborto entre la semana 14 y la semana 23 de gestación (…) La posición propugnaba por una regulación escalonada de la protección del que está por nacer, gradualidad a la que la posición mayoritaria no le dio cabida”.
Entre tanto, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera consideró que “no es posible afirmar que la interrupción voluntaria del embarazo, en cualquier evento, es un servicio de salud reproductiva y, como consecuencia, tampoco es posible sostener que no descriminalizar la práctica del aborto constituye una afectación del derecho a la salud”.
Mientras que la magistrada Gloria Stella Ortiz explicó que la mayoría de la Sala “desconoció que operó el fenómeno de cosa juzgada constitucional (…) No hubo un cambio en el contexto normativo nacional e internacional, susceptible de debilitar la cosa juzgada realizado en la Sentencia C-355 de 2006”.
Finalmente, el magistrado Jorge Ibáñez indicó que “sin prejuicio de garantizar como se debe hacer, los derechos de la mujer a vida, a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de su personalidad, a la libertad sexual y reproductiva, a la salud, a la educación y demás derechos conexos de los cuales son titulares, la despenalización del aborto (…) afecta de manera irrazonable y desproporcionada la obligación constitucional y convencional de protección de la vida del que está por nacer en ese periodo y correlativamente sus derechos a la vida, a la dignidad humana y a la salud, entre otros”.
Fuente: El Nuevo Siglo.
