Esta semana se dio una protesta bastante particular en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca. Allí más de dos mil personas marcharon para pedirle al Gobierno Nacional que les garantice su derecho al trabajo; los manifestantes eran trabajadores del sector azucarero, preocupados por los efectos de la ocupación ilegal de tierras, pues en esta zona del país miembros de las comunidades indígenas han sido invadidas tres mil hectáreas que eran destinadas a la caña de azúcar, y al haber menos tierras para este cultivo, se pierden empleos.

Se calcula que en el norte del Cauca los ingresos de 40 mil familias dependen del sector azucarero, por lo que en ocho municipios hay preocupación ante el avance de la ocupación de tierras por parte de las comunidades indígenas.

Este caso muestra una puja en la qué hay varios derechos afectados, pues no está solo en juego la propiedad privada, sino también el derecho al trabajo de miles de personas y el sustento de quienes dependen de ellas.

Este es un tema al que el Gobierno Nacional debe prestarle especial atención, primero porque se deben evitar confrontaciones entre las partes que pasen a mayores, pero, sobre todo, porque el Estado no puede validar la ocupación ilegal de tierras. Si este fenómeno continúa, el norte del Cauca puede quedarse sin fuentes de empleo formales, lo que deterioraría las condiciones socio económicas de toda la región.

Las comunidades indígenas deben tramitar sus reclamos por la vía legal y es a una autoridad competente a la que le corresponde definir si estas demandas son válidas o no.

En medio de estas tensiones, preocupa que haya candidatos que justifiquen y alienten la invasión de tierras, pues tras el desconocimiento del derecho a la propiedad privada viene la violación de otros derechos.

Fuente: Diario Occidente.