Domingo, 24 de Noviembre del 2024 
La Sala Plena de la Corte Constitucional publicó un comunicado en el que rechaza las críticas que han surgido desde varios sectores políticos, después de emitir un fallo que despenaliza el aborto, y sobre el cual hasta el mismo presidente Iván Duque manifestó su preocupación por que “el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva”.
La Corte señala que “es un órgano autónomo e independiente, como lo son igualmente las distintas altas corporaciones judiciales, sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por tales disposiciones, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como su legitimidad”. Y agregó que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento tanto para las demás autoridades como para los particulares.
Recordó que la Constitución confió a la Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, para lo cual ejerce, entre otras, las funciones de control judicial sobre la actividad legislativa que cumple en los precisos términos previstos en los artículos 241 a 244.
Los magistrados señalaron además que “minar la credibilidad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso el Constituyente de 1991 y no repara en que las demás ramas del poder público pueden seguir igual suerte. Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces solo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”.
Además, la Corte pide a todas las autoridades como a los particulares acatar las decisiones judiciales y pide debates tranquilos y serenos de tales decisiones, en forma tal que se garantice la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública.
Al mismo tiempo, se pronunció el Consejo Superior de la Judicatura en ese mismo sentido y dio un espaldarazo al alto tribunal. “Como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial (la Judicatura), exalta la labor de administrar justicia de los jueces de la República en todas sus instancias y hace un llamado para que se respete su autonomía e independencia en las decisiones que profieren”.
“Los servidores judiciales actúan dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley. Su propósito es el fortalecimiento del estado Social de Derecho, bajo los principios democráticos que rigen la República de Colombia”, señaló en un breve comunicado.
Vale recordar que el Jefe de Estado se había pronunciado negativamente a la decisión que tomó la Sala Plena, calificando el aborto como “una práctica anticonceptiva”. “Siempre he sido una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción y fui respetuoso de las tres causales. Pero este fallo no solamente altera este principio, sino que me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular”.
Las denuncias por el fallo
El candidato a la Cámara por Colombia Justa Libres, David Gerardo Cote, había radicado una denuncia penal en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Argumentó que los cuatro magistrados y el conjuez que votaron sí a la despenalización del aborto habrían cometido un abuso de autoridad y prevaricato por acción, es decir, habrían actuado al revés de lo que la Constitución les permite. La denuncia va dirigida al conjuez Julio Andrés Ossa y los magistrados Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes y Diana Fajardo. Ellos fueron mayoría en una Sala Plena de nueve integrantes.
“La Corte Constitucional tiene la función de salvaguardar la integridad de la Carta Magna, hacer que la Constitución no carezca de ninguna de sus partes y así mismo que se respete por encima de las demás normas. La Constitución establece en su Artículo 11 que ‘el derecho a la vida es inviolable’. Inviolable, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa ‘que no se debe o no se puede violar’ y a su vez violar se define como ‘infringir o quebrantar’. Por lo que si seguimos el tenor literal de este artículo se entiende que en ningún caso se puede quitar la vida”, señaló Cote.
Fuente: El Nuevo Siglo.
