El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este jueves liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, al restituirle un indulto otorgado en diciembre 2017 y anulado en octubre de 2018, informó una fuente judicial.
“TC declaró fundada la demanda de hábeas corpus” en favor de Fujimori, de 83 años y quien gobernó entre 1990 y 2000, lo que permite su liberación en los próximos días, dijo a la AFP la fuente, que pidió conservar el anonimato. Los fallos de este tribunal son inapelables.
En concreto, el máximo organismo constitucional del país revisó un hábeas corpus interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La votación en el Tribunal, conformado por seis magistrados, arrojó un empate de tres votos a favor y tres en contra de acoger el hábeas corpus. Pero el presidente del TC, Augusto Ferrero, inclinó la balanza a favor de Fujimori debido a que su voto se cuenta como doble.
El TC peruano, que debe estar conformado por siete miembros, se mantiene desde septiembre del año pasado con seis integrantes, tras la muerte del magistrado Carlos Ramos. En ese sentido, los medios locales señalaron que Ferrero, por ser el actual presidente del TC, tiene la facultad de emitir un “voto de calidad o voto doble” para romper el empate.
La Justicia peruana ordenó la nulidad del indulto después de considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.
Fujimori, de 83 años, había sido hospitalizado de emergencia el pasado 3 de marzo, tras sufrir una crisis cardíaca en la base policial donde cumplía –desde 2007 una sentencia de 25 años de prisión por la muerte de 25 personas en dos matanzas y por su participación en los secuestros de Gustavo Gorriti, periodista, y Samuel Dyer, empresario.
Fujimori es el primer exmandatario de Latinoamérica en ser juzgado y condenado en su país por crímenes de lesa humanidad.
Ambas masacres fueron perpetradas por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte del ejército peruano, en supuestas operaciones antiterroristas durante su gobierno (1990-2000).
Las matanzas sucedieron en la capital peruana, Lima. Una en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, cuando el Grupo Colina irrumpió en una fiesta organizada para recoger fondos para la reparación del desagüe de un edificio, de acuerdo con varias versiones, los asistentes fueron confundidos con integrantes de la organización armada Sendero Luminoso. Esa noche 15 personas, incluido un niño de 4 años, fueron asesinadas, otras 4 resultaron heridas.
Un año después, en 1992, tuvo lugar la segunda masacre en la Universidad de la Cantuta, cuando un profesor y nueve estudiantes fueron secuestrados y posteriormente asesinados. Nuevamente, los civiles fueron confundidos con militantes de Sendero Luminoso. La acción del grupo antiterrorista fue en retaliación a un coche bomba detonado dos días antes en la calle Tarata, en el que murieron 20 personas.
Reacción de la izquierda
Tras conocerse que este jueves se debatiría el recurso, la bancada de la coalición izquierdista Juntos Por el Perú (JPP) señaló que “liberar a Fujimori sería desconocer los crímenes” por los que fue condenado y los actos de corrupción cometidos durante su régimen.
“El TC tiene el deber de garantizar el derecho a la justicia de todas las víctimas y no puede ser cómplice de un atropello a la dignidad del país”, remarcó la agrupación en Twitter.
La también legisladora izquierdista Sigrid Bazán agregó que Fujimori “nunca pidió perdón ni se arrepintió y hasta ahora no ha pagado ni un sol de su reparación civil” al Estado.
Por su parte, el jurista Carlos Rivera, abogado de defensor de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario, señaló que los magistrados que apoyan la liberación de Fujimori parece que “solo cumplen (una) agenda política y de paso harán el ridículo internacional”.
Fuente: El Colombiano.