Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
UNA MISIÓN posible pero difícil es la que tiene la oposición peruana este lunes por cumplir. Para destituir al presidente Pedro Castillo necesitará adicionar 11 votos a los que logró (76) para admitir el debate a la moción que en tal sentido fue presentada semanas atrás.
El maestro rural convertido elegido sorpresivamente como presidente de Perú, Pedro Castillo, afronta su segunda ‘moción de vacancia’ por ‘incapacidad moral’ para gobernar, en los siete meses y medio que lleva en el poder. En diciembre, el Congreso desestimó la primera.
Dominado por la oposición derechista, el Parlamento aceptó hace dos semanas debatir la destitución del presidente izquierdista, al aprobar la moción que bajo el mismo argumento llevó a las caídas de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.
El 14 de este mes, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, admitió la moción tras recibir 76 votos por el sí, 41 en contra y una abstención. Para que la misma prospere, es decir la separación definitiva del poder de Castillo se requieren 87 respaldos.
El pedido lo presentaron 50 congresistas de los partidos derechistas Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular (fujimorista), con apoyo de legisladores de otras bancadas.
La situación no es fácil pero tampoco imposible. Primero deberán asegurarse que el lunes participen los 130 parlamentarios que integran el hemiciclo porque como se ve, el día que se admitió la moción solo estuvieron presentes 118. De no lograrlo, deberán convencer a algunos independientes o de pequeños movimientos afines a la izquierda, ya que los 37 congresistas de Perú Libre, el partido que llevó al poder a Castillo y liderado por Vladimir Cerrón, su mentor, adelantaron que votarán no.
Para el jefe de esa bancada, Waldemar Cerrón, el Congreso “pierde el tiempo” en estos debates, mientras que Castillo anticipó que no enviará a un abogado en representación, como lo faculta la ley, sino que pondrá la cara porque “no llegue al cargo para robar al país”.
“Me apena que sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo. Tenemos que decirle al país que nosotros no hemos venido a robar ni un centavo”, dijo Castillo al momento de conocer la votación del Congreso y lo ha reiterado tanto en su discurso a la nación como estos días en declaraciones a los medios de comunicación.
“El presidente Pedro Castillo debe dar explicaciones inmediatas al país por sus reiteradas inconductas”, dijo el legislador ultraconservador Jorge Montoya, un almirante retirado, al fundamentar la moción.
Según la oposición, el presidente es salpicado por la presunta corrupción de su entorno e incurrió en “traición a la patria” por declararse abierto a un referéndum para decidir una salida al mar a la vecina Bolivia.
“No tiene sentido la acusación de traición a la patria. Buscan cualquier forma para acabar con el gobierno de Castillo”, dijo el politólogo Fernando Tuesta en conferencia con la prensa extranjera.
“No hay votos suficientes para sacarlo, tampoco hay movilizaciones callejeras para sacarlo”, subrayó.
La desaprobación del mandatario cayó en marzo a 66%, tres puntos menos que en febrero, cuando alcanzó su mayor nivel (69%), pero aún más desprestigiado está el Congreso, que acumula un rechazo de 70%, según sondeo de Ipsos.
“Ahí estaré”
Castillo anticipó que estará este lunes en el Congreso para defenderse en el juicio político en su contra.
“Estaré ahí por una citación, una convocatoria, para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano”, dijo el jueves en un encuentro con pobladores del distrito de Platería, en la región andina de Puno, uno de sus feudos electorales.
Castillo advirtió a sus seguidores que espera una campaña de demolición mediática antes del debate, difundiendo reportajes que buscan desprestigiarlo y sembrar dudas sobre su honor ante los congresistas. “Estoy seguro de que el Congreso no va a caer (en ese juego)”, agregó.
Su presencia, sin embargo, no da derecho a los parlamentarios a interrogarlo o entablar diálogos, por lo que se presume que el presidente ejercerá su defensa leyendo un mensaje y luego se retirará del hemiciclo antes del debate.
Si Castillo es destituido será reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, pero en caso que esta desista le corresponderá a la jefa del Congreso, la derechista María del Carmen Alva.
Una posible destitución ronda en el aire desde su elección en junio de ese año, cuando sus rivales denunciaron “fraude” a pesar del aval a su victoria de los observadores de la OEA y la Unión Europea, y el reconocimiento de Estados Unidos.
La oposición acusa a este maestro rural de 52 años, que debe gobernar hasta julio de 2026, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además le critican sus constantes crisis ministeriales. Ha nombrado 50 ministros desde su posesión.
Desde 2017 el Congreso de Perú ha debatido seis pedidos de destitución contra un presidente. Pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski (derecha) en 2018 y Martín Vizcarra (centro) en 2020.
¿Presencia de la OEA?
El ministro de Asuntos Exteriores de Perú, César Landa, solicitó permiso al Congreso para autorizar la presencia de tres altos representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el debate contra el presidente Castillo.
En una carta remitida a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, Landa pidió que puedan asistir como observadores el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi; la de Acceso a Derechos y Equidad, Maricarmen Plata; así como el representante de la organización en Perú, Miguel Ángel Trinidad.
“Coincidirá usted, señora presidenta, en la importancia de que el debate en cuestión se lleve a cabo con la mayor transparencia posible ante la ciudadanía y la comunidad internacional dada su trascendencia para la gobernabilidad del país”, argumentó Landa en la misiva.
“Por ello, le agradeceré que se brindan las facilidades del caso a esta delegación de la OEA, que han sido invitados por nuestro Gobierno a presenciar dicho debate”, cierra la carta que hizo pública entre otros, el ministro de Comercio y Turismo Exterior, Roberto Sánchez.
“Transparencia internacional y democracia siempre son imperativas”, escribió el ministro Sánchez en su perfil de Twitter.
Hasta ayer se desconocía la respuesta de la presidenta del Congreso, pero desde la bancada opositora algunas como la diputada de Avanza País Norma Yarrow ya se han apresurado a calificar la solicitud del Gobierno peruano como acto de “injerencia”.
“No existe ningún precedente sobre el pedido de un ministro de Perú que invite a la OEA al pleno como ente fiscalizador de un proceso que se rige a la Constitución de Perú. El Congreso de la República cumple su función de acuerdo a la Constitución en el proceso de vacancia”, defendió Yarrow en su cuenta de Twitter.
Pronunciamiento de Celac
El choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en Perú volvió a trascender fronteras y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) hizo un llamado a respetar la “voluntad popular”.
El presidente rotativo de la Celac, el argentino Alberto Fernández, expresó “su preocupación por la situación institucional que atraviesa Perú”.
También hizo hincapié en “la necesidad de que se respeten el orden democrático y la voluntad popular expresada en favor del Presidente Pedro Castillo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente autónomo de la OEA, había advertido el 10 de diciembre su preocupación por la forma en que se ha desvirtuado en Perú la “vacancia presidencial por incapacidad moral” debido a la “falta de definición objetiva” que tiene esa figura, lo que causa “impacto (…) en la institucionalidad democrática” del país.
El presidente de México, Andrés López Obrador, también había denunciado en diciembre que en Perú había “una especie de preparación a un derrocamiento” lanzada por el conservadurismo.
Fuente: El Nuevo Siglo.
