Martes, 22 de Abril del 2025
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Transportadores de pasajeros de Antioquia han perdido $2.500 millones por el paro armado del Clan del Golfo

Publicado el 09/05/22

El terror se ha apoderado de las vías de Antioquia. Camiones, buses y motos quemadas se han tomado las portadas de los periódicos. Ante esa situación, las empresas que viajan hacia la Costa Atlántica, el Norte, el Nordeste y el Urabá antioqueño han cesado sus actividades. No hay cómo ir en transporte público a esas subregiones.

Más allá de la imposibilidad de viajar, las empresas de transporte, reveló Samir Echeverry, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, (ATPA), han dejado de percibir $2.500 millones. El cálculo es que de las terminales solo están saliendo el 60% de los pasajeros frente a un día de operación normal.

La cifra se hace más dramática cuando se convierte a pasajeros. Echeverry estimó que son 1.588 despachos de vehículos los que se han dejado de hacer. Una equivale a unos 40.000 pasajeros. Para rematar, muchos han cancelado los pasajes hacia otros destinos que no tienen mayores problemas de seguridad, como el sur del país o las rutas hacia Bogotá y el oriente.

Aunque en el Suroeste se está operando con relativa calma, tres empresas recibieron amenazas y dejaron de operar. “Pararon la oferta para salvaguardar la vida. Hay vías bloqueadas preventivamente por la Policía y otras cerradas por la delincuencia”, precisó Echeverry.

Hay otra situación compleja que ha pasado desapercibida, y es lo que pasa con los conductores de los buses. Algunos quedaron atrapados en los municipios y no han podido regresar a Medellín por temor a que les quemen los vehículos y, como tampoco hay transporte público, no han tenido otra opción que quedarse. “Allá están en situaciones complejas, en medio de la zozobra, con problemas para la alimentación. No saben qué hacer”, concluyó Echeverry.

Se estima que la anormalidad en la prestación del servicio se mantenga hasta este domingo 8 de marzo. En la noche se hará una reunión con las autoridades para hacer un balance y tomar decisiones.

Fuente: El Colombiano.



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