Jueves, 20 de Febrero del 2025 
Madrid, 18 de Febrero del 2025.- España se encuentra en plena transición energética, apostando por las energías renovables. Sin embargo, este cambio ha revelado una gran desigualdad: las zonas rurales generan la mayor parte de la energía del país, pero los beneficios no siempre se quedan en esos territorios.
Mientras las grandes ciudades consumen la electricidad sin sufrir los impactos ambientales, muchas regiones rurales ven cómo su paisaje se transforma en gigantescos parques eólicos y solares sin recibir compensaciones justas. Esta situación ha generado crecientes tensiones entre las comunidades afectadas, las empresas energéticas y las administraciones públicas, que deben gestionar estos conflictos.
Además, el crecimiento acelerado de infraestructuras energéticas en zonas rurales ha planteado nuevos retos en términos de ordenación territorial, impacto en la biodiversidad y acceso equitativo a los recursos energéticos generados. Muchas de estas infraestructuras se instalan sin una planificación clara que considere el desarrollo sostenible de las áreas afectadas.
El modelo energético español muestra una paradoja: las comunidades rurales generan la mayor parte de la energía renovable, pero las ciudades son las que más la consumen.
Por ejemplo, Madrid solo produce el 4,8% de la energía que consume, mientras que Extremadura genera un excedente del 423% respecto a su consumo. Esto plantea un problema de equidad, ya que las regiones que más producen no son las que más se benefician de los recursos generados.
El desequilibrio en la distribución de la energía también afecta a los costes de suministro y a la posibilidad de desarrollo de industrias locales en las zonas generadoras, que en muchos casos no pueden acceder a energía más barata pese a ser productoras.
Otro factor a considerar es que muchas infraestructuras de transmisión de energía se construyen sin tener en cuenta el impacto que generan en las comunidades rurales, afectando la calidad de vida y el desarrollo de estas áreas.
Las comunidades rurales argumentan que la instalación de parques eólicos y solares modifica el paisaje, afecta la biodiversidad y limita otras actividades económicas. Sin embargo, las empresas que desarrollan estos proyectos no siempre dejan beneficios directos en la zona. Además, el aumento de estas infraestructuras ha generado preocupación sobre la falta de planificación adecuada y la escasez de medidas de protección para los habitantes locales.
Ante esta situación:
Aragón ha propuesto redistribuir el IVA eléctrico como compensación para que las comunidades productoras reciban parte de los ingresos generados.
Castilla y León defiende el modelo de “energía de kilómetro cero”, que permitiría consumir la electricidad en la misma región en la que se produce, reduciendo las pérdidas de transporte y promoviendo el desarrollo económico local.
Estas propuestas buscan mitigar el impacto económico negativo en las regiones productoras y garantizar que su contribución energética sea reconocida y recompensada adecuadamente.
Las principales críticas a los megaproyectos renovables nacen de los propios habitantes -y vecinos- de las zonas ruralizadas en las que estos se insertan. Estas críticas incluyen:
Impacto ambiental: Afectación de la biodiversidad y transformación del paisaje debido a la gran cantidad de terreno necesario para estos proyectos.
Falta de beneficios locales: La energía generada no se queda en la zona, y muchas veces los habitantes no ven mejoras en infraestructuras ni reducción de sus tarifas eléctricas.
Intereses empresariales: Grandes multinacionales priorizan la rentabilidad sobre el bienestar local, y algunas adjudicaciones han sido cuestionadas por falta de transparencia.
Estos problemas han impulsado a diversas organizaciones y colectivos ciudadanos a exigir una mayor regulación y medidas que garanticen un equilibrio entre desarrollo energético y sostenibilidad social.
Asimismo, la instalación de infraestructuras a gran escala sin consenso local ha llevado a movilizaciones y protestas en varias regiones, evidenciando la necesidad de revisar los procedimientos de planificación y ejecución de estos proyectos.
Frente a los megaproyectos renovables, muchas comunidades defienden un modelo de autoconsumo energético y producción descentralizada. Este enfoque permitiría a los territorios aprovechar su propia energía sin depender de grandes infraestructuras externas y garantizando una distribución más equitativa de los beneficios.
Beneficios del autoconsumo energético:
Reduce la dependencia de grandes empresas y fondos de inversión, otorgando mayor autonomía energética a las comunidades.
Garantiza que la energía beneficie directamente a los territorios que la producen, contribuyendo al desarrollo económico local.
Minimiza el impacto ambiental con una distribución más equitativa de las instalaciones, evitando la saturación de ciertas regiones.
Además, el impulso de comunidades energéticas locales y cooperativas podría facilitar una transición energética más justa y participativa, donde los ciudadanos tengan un mayor control sobre la producción y consumo de energía.
El desajuste energético entre zonas rurales y urbanas en España revela la necesidad de un cambio en la producción y distribución de la energía. Para corregir esta desigualdad, es fundamental:
Redistribuir los beneficios económicos de la energía a los territorios productores, asegurando compensaciones justas para las comunidades afectadas.
Fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, promoviendo una mayor autosuficiencia y equidad en el acceso a la energía.
Regular los megaproyectos renovables para minimizar su impacto ambiental y social, garantizando procesos de instalación más transparentes y sostenibles.
Si España quiere avanzar hacia un futuro energético sostenible, no solo debe apostar por las renovables, sino también por un modelo más justo y equilibrado que beneficie a todos los territorios por igual.
Fuente: papernest.es
